"La decisión de la CE implica que la cantidad global convenida entre el Gobierno y las compañías eléctricas (1,3 billones de pesetas) es ilegal. El Gobierno tendrá a prtir de ahora que someter a la autorización previa de Bruselas las ayudas que conceda a cada empresa, caso por caso, y será la CE quien decida si la concesión es correcta y la cuantía la adecuada", señala la CAVE en un comunicado.

Además de la suspensión del cobro del recargo del 4,5% del recibo de la luz, Consumidores y Vecinos exige al Ejecutivo que tome las medidas necesarias para asegurar la devolución de las cantidades ya cobradas por este concepto, que en 1998 ascendieron a más de 200.000 millons de pesetas.

La CAVE recuerda que el Consejo de Consumidores y Usuarios en pleno (las 11 principales asociaciones de España, entre ellas Consumidores y Vecinos) pidió en su día al Gobierno la suspensión de los cobros.

"CAVE tiene la impresión de que el Gobierno está más inclinado a favorecer los intereses de las grandes empresas, en este caso las eléctricas, que en velar por los derechos de los consumidores", señala la nota.