Esta cifra no ha logrado compensar las inversiones reconocidas por el propio Ministerio de Industria a las empresas propietarias de esas centrales nucleares, cuyo montante asciende a 625.296 millones de pesetas, a pesar de que el 3,54 por cien de la tarifa que se llevan actualmente las empresas por este motivo ha sido revisado en dos ocasiones.

Las inversiones reconocidas por el Gobierno se distribuyen entre los 335.761 illones de pesetas estimados para los dos grupos de Lemoniz, propiedad de Iberduero, los 278.759 millones para Valdecaballeros I y II, financiados al 50 por ciento por Hidrola y Sevillana de Electricidad, y los 10.296 millones de Trillo II, repartidos entre Endesa (80 por cien) y Fenosa (20 por cien).

Estas cantidades han dado lugar a un reparto de amortizaciones anual que fue de 24.000 millones de pesetas en 1984, 40.000 millones en 1985, 40.500 en 1986, 41.000 en el 87, 45.850 en el 88, 47.900 en el89 y 51.000 millones en 1990.

Del conjunto de estas amortizaciones, 179.967,8 millones de pesetas correspondieron a la la central nuclear de Lemoniz, mientras que los propietarios de Valdecaballeros percibieron 129.161,2 millones de pesetas y los Trillo II, 4.644 millones de pesetas.

Además, las amortizaciones percibidas anualmente por las eléctricas a través de la tarifa de la luz en los últimos seis años, no se corresponden con lo que, a su juicio, deberían haber cobrado, ya que defienden una vloración de sus activos bajo moratoria diferente a la que hace el Gobierno.

DIFERENTE VALORACION

Frente a la cifra que reconoce el ministerio, las compañías aseguran que sus inversiones superan los 850.000 millones de pesetas, lo que implicaría una amortización mediante el recibo de la luz aún mayor que la percibida desde 1984.

En el caso de Lemoniz, Iberduero es la que más se ajusta a las estimaciones del Gobierno, y cifra los activos de la central vizcaina en cerca de 350.000 millones de peseas, a los que habría que sumar los casi 500.000 millones que Sevilla e Hidrola dicen haber invertido en Valdecaballeros.

La diferencia entre las estimaciones oficiales y las de los propietarios de las centrales es la que tendrán que "limarse" en las negociaciones que, necesariamente, mantendrán los representantes de las empresas afectadas y del Ministerio de Industria, para fijar la amortización que deberán percibir las compañías eléctricas.

Las fuentes empresariales consultadas por Servimedia sealaron que, en esa negociación, habría que buscar una instancia neutral que dictara un arbitraje para establecer el valor real de los activos nucleares afectados por la moratoria.

A su vez, las empresas consideran que esa valoración debe incluir no sólo las inversiones realizadas antes de decretarse el "parón nuclear", sino también los ingresos que han dejado de obtener como consecuencia de la medida.

La aprobación del nuevo Plan Energético Nacional que, previsiblemente, hará el Consejo de Ministos del próximo viernes, es el momento, según algunos responsables del sector eléctrico, que permitirá saber con más exactitud el futuro de las nucleares en España, ya que la última decisión de Industria de no aumentar la capacidad de generación nuclear "no significa el desmantelamiento de estas centrales".