Así lo aseguran las eléctricas consultadas por Servimedia, para las que las empresas autogeeradoras pueden contribuir a abaratar el precio de la tarifa, si vierten a la red de alta tensión la electricidad que excede de las necesidades de energía que tiene su fábrica. Esa electricidad, dicen, permite satisfacer parte de la demanda sin obligar al resto de las compañías a aumentar la potencia que tienen instalada, cuyos costes de inversión repercutirían en el precio al consumidor.

Sin embargo, los expertos de las empresas consultados acusan a los autogeneradores de hacer todo lo contrario, es ecir, aprovechar el alto precio fijado por la Administración para incentivarles, 11,41 pesetas por kWh, y generar más electricidad de la que necesitan y verterla a la red, obteniendo entre un 75 y un 97 por cien más por cada kWh de lo que costaría si se produjera en una compañía eléctrica.

Esta situación ha generado un "buen negocio" que en el propio Ministerio de Industria ven "recriminable", ya que las autoridades energéticas calculan que la rentabilidad de una instalación de este tipo permite amortzarla en sólo dos años, a costa de la regulación que les ampara.

Las eléctricas coinciden con Energía y añaden que el negocio es tal que los excedentes de energía entregados por autogeneradores a las compañías están aumentando a un ritmo del 46 por cien en 1994, mientras que la demanda de electricidad en el país se ha mantenido muy moderada.

Los técnicos del sector dicen que el 51,5 por cien de las entregas de electricidad al sistema por autogeneradores venía de instalaciones que enviaron a la re toda su producción, por lo que "no se trataba de excedentes", sino de plantas dedicadas en exclusiva a verter electricidad a la red general, lo que contradice la Ley de Conservación de la Energía.

"De hecho", añaden, "más de la mitad del incremento de la demanda eléctrica del presente año -cerca del 3,4 por cien- ha sido cubierto por los excedentes de los autogeneradores, mientras que las eléctricas, que suponen el 94 por cien de la producción, no han cubierto más que el 47 por cien de ese crecimient".

"En suma", agregan las empresas, "se está sustituyendo energía barata por energía más cara, encarecimiento que, en última instancia, se traspasa de una u otra forma al consumidor final".

GOBIERNO ATENTO

La situación ha llegado a afectar a los principios de política energética del Gobierno, cuyo máximo responsable, Juan Manuel Eguiagaray, tiene el compromiso de facilitar la competitividad de las empresas haciendo que las tarifas industriales, las más afectadas por los autogeneradores, crezcancada año por debajo del IPC.

De hecho, en la Secretaría General de la Energía se calcula que en 1994 las empresas autogeneradoras facturarán 63.500 millones de pesetas, lo que supone que más de 3 puntos de recargo sobre el precio de la tarifa que pagan los consumidores.

La preocupación en Industria ha llevado a preparar un decreto que puede aprobarse antes de fin de año, en el que se fuerza a que la amortización de este tipo de inversiones en cogeneración se amplíe de 2 a 4 años, limitando sus hoas de funcionamiento y reduciendo el precio de su kWh de 11,41 pesetas a 8 pesetas de media, rebaja que a las eléctricas les aparece insuficiente, habida cuenta que la recuperación media de una de sus centrales térmicas se calcula en unos 25 años.

De hecho, el criterio del sector eléctico para resolver esta cuestión es que se sigan los criterios de la normativa comunitaria y que "el precio que perciben los autogeneradores por sus entregas de energía sea equivalente al coste que esos excedentes de elecricidad evitan al sistema".

LOS AFECTADOS RESPONDEN

Por su parte, los afectados no han tardado en responder a la iniciativa del Gobierno, expresando su malestar por un decreto que a su juicio mermará la competitividad de la economía española, ya que su actividad, aseguran, supone un ahorro superior al millón de toneladas equivalentes de petróleo (TEP), unos 15.000 millones de pesetas al año.

Los cogeneradores opinan que el decreto pone en peligro su actividad, en la que están empleados 3.000 trbajadores directos y que cuenta ya con unas inversiones de unos 100.000 millones de pesetas, porque puede suponer la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y dejar de ahorrar unos 10.000 millones de pesetas.