Así, varios de los sumarios que en la actualidad tramita el Tribunal Supremo, como el 'caso Laos' o la denuncia interpuesta por el juez Marino Barbero contra el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por compararle con ETA, se encuentran pendientes de que el fiscal emita sendos informes, en el primer aso sobre la competencia para instruir la falsificación de los documentos de extradición de Luis Roldán y en el segundo sobre la admisión de la denuncia de Barbero.

Este magistrado, mientras, ha dado un plazo de 15 días a las partes del 'caso Filesa' para que hagan sus alegaciones antes de resolver los recursos interpuestos por los 39 imputados contra el auto en el que el juez Barbero les achacó la comisión de diversos delitos en relación a la presunta financiación ilegal del PSOE.

Por su parte, l magistrado Cándido Conde Pumpido, ponente de la denuncia interpuesta por el abogado Miguel Castells por la desaparición del denominado "informe Navajas", tampoco puede adoptar ninguna resolución antes de recibir las alegaciones de este letrado contra el escrito por el que la fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa.

Quien sí puede tomar alguna iniciativa a lo largo de esta semana es el juez Eduardo Moner, instructor del 'caso Crillón', aunque fuentes del Alto Tribunal indicaron que el magistrdo esperará a que se celebren los comicios para no interferir en su desarrollo antes de acordar la práctica de una serie de diligencias.

SERRA Y CORCUERA

Entre éstas figura la petición del fiscal para la celebración de un careo entre el secretario de la Vicepresidencia, Enrique Serrano, y Luis Roldán, así como la citación como testigos del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra; el ministro de Defensa, Julián García Vargas; el ex ministro de Interior José Luis Corcuera, el ex ministro de Economíay Hacienda Carlos Solchaga y el responsable del Cesid, Emilio Alonso Manglano.

Por su parte, también en la Audiencia Nacional la actividad judicial parece estar paralizada estos días, especialmente en cuanto a la adopción de resoluciones que tengan influencia en la vida política, fundamentalmente en el 'caso GAL'.

Así, el juez Baltasar Garzón no ha acordado aún la toma de declaración de algunas personas cuyos nombres han aparecido últimamente relacionadOs con los GAL, como es el caso del ex minisro del Interior José Luis Corcuera, cuya citación se aventura para la próxima semana.

Tampoco el magistrado ha decidido todavía citar a declarar de nuevo al ex policía José Amedo y al ex director general de la Seguridad Julián Sancristóbal, después de que el primero aportase al juzgado la grabación de una conversación en la que Sancristóbal implicó al presidente del Gobierno, Felipe González.

Por el contrario, en los juzgados de Madrid de Plaza de Castilla la actividad de los jueces no parece vere afectada por la celebración de los comicios. Así, la jueza María Jesús Coronado, que investiga el presunto uso ilegal de los fondos reservados, tomó el lunes declaración como testigo al ex ministro de Interior Antoni Asunción.

Por su parte, tampoco el Tribunal Constitucional ha hecho un paréntesis en la tramitación de sus asuntos y la Fiscalía se pronunció el lunes en contra de la admisión a trámite de los recursos de amparo interpuestos por la defensa de Rafael Vera y Juan de Justo contra la desestmación de la recusación del juez Garzón por su supuesta falta de imparcialidad en el 'caso GAL'.