Los resultados electorales hacen que el PSOE baje de 115 a 110 senadores, mientras que el PP sube de 107 a 115, con lo que los socialistas necesitarán del apoyo de nacionalistas vascos y catalanes para hacer prosperar sus iniciativas en el Senado. El PP ganará ocho senadores autonómicos más en relación a los catorce de que disponía. A costa del PSOE, obtiene uno en Canarias, Cantabria, Extremadura, Madrid y Valencia; le quita otro en Aragón al Partido Aragonés, uno más en La Rioja que antes pertenecía al Partido Riojano, y otro en Navarra (a través de Unión del Pueblo Navarro), que hasta ahora era de Eusko Alkartasuna.

No obstante, es probable que el PP mantenga la cesión a Unión Valenciana de un senador de los dos que le corresponden en es región, a cambio del apoyo de Unión Valenciana en la autonomía. Algo parecido puede ocurrir con el Partido Aragonés, ya que el PP podría cederle el senador que le corresponde por ser el partido más votado, a cambio del respaldo en el ámbito regional.

El PP, en todo caso, estará muy lejos del control total de la Cámara Alta, mientras que el PSOE necesitará los 14 votos del Grupo Catalán y los 6 del PNV para aprobar los proyectos por mayoría absoluta, que está situada en la cota de los 129 escaños.

De acuerdo con la Constitución Española, el cambio registrado en el Senado puede aumentar la capacidad de la oposición para ralentizar las leyes remitidas desde el Congreso, mediante el veto de los textos emviados por la Cámara Baja.

Sin embargo, sólo cabe plantear ese veto por mayoría absoluta y puede ser superado por el Congreso si éste, a su vez, vuelve a ratificar el texto inicialmente remitido al Senado por mayoría absoluta.

En consecuencia, el PSOE corre un claro riesgo de veto en el Senad si, por ejemplo, tramita parlamentariamente la nueva ley del aborto, pero podría superarlo en el Congreso con los votos de Izquierda Unida, en el caso de que estuviese dispuesto a pagar el coste político de actuar con la oposición de PNV y CiU. Felipe González se comprometió recientemente a tramitar en esta legislatura la nueva legislación del aborto.