El supuesto delito electoral cometido consistiría en presionar "sobre los electores para que no usen su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto del voto", de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja ha reconocido que ha efectuado dicha camaña telefónica sobre 6.232 personas elegidas al azar. La campaña fue denunciada previamente por Pablo José Pérez Minochi, representante del PP ante la Junta Electoral autonómica.

La campaña de "incentivación al voto" del Gobierno riojano emitía el siguiente mensaje, a través de una locutora: "Buenos días, soy María Fernández. Por encargo del Gobierno de La Rioja, el motivo de mi llamada es recordarle que este domingo, como comunidad autónoma y democrática, tenemos la oportunidad de decidir, mediante eecciones, la forma en que se va a gobernar durante los próximos años en La Rioja, siendo para ello decisivo el voto de cada riojano. ¿Piensa acudir?".

Si la respuesta era afirmativa se contestaba: "Muchas gracias por su amabilidad y recuerde, este domingo lo importante es acudir a votar. Cada voto es una opinión".

Cuando la respuesta era negativa o el interlocutor mostraba dudas, el mensaje era: "¿Por algún motivo en especial?... Le entiendo, pero la mejor manera de decir eso es participar y ayudr a elegir a nuestros representantes. Como le comentaba al principio, lo importante es votar".

Ante este mensaje telefónico, la Junta Electoral autonómica afirma que las campañas institucionales de los poderes públicos destinadas a incentivar la participación "han de ser públicas, sin que sea posible la realización de campañas institucionales de carácter personal o individualizado como la que ahora nos ocupa".

Además, establece que esta campaña del Consejo de Gobierno "contraviene el artículo 5 d la LOREG", según el cual nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio.