La resolución de la Junta Electoral, acordada por unanimidad, deniega esta solicitud, por entender que este tipo de servicio debe ser ofrecido "en condiciones de igualdad, mediante un transporte institucionalizado, y nunca de una forma privada e interesada".

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia investigó hace meses a García Leira a raíz de una denuncia presentada por un supuesto transporte ilegal de votantes durante los comicios municipales del 95, aunque finalmente las diligencas fueron archivadas.

El Ayuntamiento de Villalba pidió costear el transporte solicitado por el vicepresidente del Parlamento autonómico, a raíz de la decisión de la Administración central de suprimir el transporte institucional que había funcionado en anteriores comicios.

El gobernador Civil de La Coruña, Carlos Vacas, justificó la supresión de este servicio "porque la mayor parte de las veces estos autobuses eran utilizados tan sólo por tres o cuatro personas".