En su escrito, el Tribunal de Cuentas invoca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que eige a los partidos políticos el cumplimiento de las normas y plazos establecidos para que presenten sus estados contables.

Así, dice que estos estados contables recogerán expresamente los recursos obtenidos para la campaña electoral, ya sea en forma de anticipo librado por la Junta Electoral Central a cuenta de las posteriores subvenciones estatales, créditos concedidos por las entidades financieras y diferentes aportaciones.

Los gastos deberán ir acompañados de una relación detallada de los impotes, conceptos y saldos con la fecha correspondiente. Si además el importe del gasto supera las 100.000 pesetas hay que acompañarlo de copia numerada, sellada y firmada del correspondiente justificante. El Tribunal de Cuentas hace especial hincapié en que se cumpla el techo máximo legal sobre límite de gastos.

Los envíos directos de propaganda, publicidad y papeletas en sobres se detallarán en un registro específico y de cada una de las cuentas corrientes abiertas para la campaña, se remitirá un extrato de las mismas sellado y firmado, así como de las pólizas o contratos de préstamos o créditos.

El Tribunal también recuerda que la contabilidad de las campañas electorales no exime a los partidos de la obligación que tienen de incluir ésta en las cuentas ordinarias anuales, si bien diferenciando ambas.

Por último, el Tribunal de Cuentas se reserva la facultad de llevar a cabo las verificaciones que estime oportunas y señala que a efectos de posteriores comprobaciones cada formación política guadará en su sede copia de todos los documentos que le sean remitidos.

La fiscalización de las cuentas electorales y las ordinarias de los partidos correrá a cargo de una comisión cuatripartita del Tribunal de Cuentas, integrada por Ciriaco de Vicente y Milagros García Castro (PSOE) y Ubaldo Nieto y Juan Velarde (PP), tras un reciente acuerdo adoptado por el pleno del Tribunal.

La decisión de retirar de esta función al consejero Eliseo Fernández Centeno se debe al escándalo originado por la fiscaliación de las cuentas del Partido Socialista que realizó el Tribunal de Cuentas en el llamado informe Filesa y las diferencias surgidas en el seno del propio Tribunal durante la fiscalización de las cuentas del PP correspondientes al año 1989, informaron fuentes cercanas al Tribunal.