Este certificado será enviado a todos los electores que no figuren en el censo electoral a 1 de enero de 1992, que es el vigente para las próximas elecciones, y que reunan todos los requisitos para gozar de la titularidad del derecho de sufragio pero que no estén incluidos en la relación de actas comunicadas por los ayuntamientos en orden a la revisión del censo.

Asimismo, será remitido a ls electores que, por deficiencias administrativas o de otra naturaleza, figuran en los ejemplares de las listas del censo expuestas en los ayuntamientos durante el periodo de rectificación.

Junto a la certificación, la Oficina del Censo Electoral enviará a esas personas una nota explicativa, sometida previamente a la supervisión de la Junta Electoral Central.

Por su parte, la Oficina del Censo Electoral informará inmediatamente a la Junta Electoral Central de la remisión de las certificaciones cesales y adoptará las medidas de control que considere necesarias, de las que también dará cuenta al máximo órgano electoral.

Finalmente, la junta acordó dar traslado de este acuerdo a la Oficina del Censo Electoral, al PP, a los ayuntamientos de Alcalá de Henares y de Castellón -en los que se registraron gran número de errores en el censo- y a las Juntas Electorales Provinciales.

Este acuerdo se produce después de que se denunciaran en diversas localidades del país graves errores en las listas cesales que impedían a miles de personas ejercer su derecho a voto.