Estas declaraciones, realizadas a RNE, contrastan con las expresadas ayer por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, que afirmó que todavía no está decidido si la Ley de Huelga formará parte del programa electoral del PSOE y criticó a los que van diciendo qué cosas debe incluir y excluir el programa.

Marugán, sin embargo, explicó que el PSOE dedicará una atención especial al diálogo social y a las relaciones industriales, y aseguró que "loselementos globales de este tipo de normativas se van a incorporar al programa del partido".

"Somos conscientes", dijo, "que en una sociedad como la que vivimos surge el conflicto social y hay que resolver de una manera notable ese conflicto. Desde luego esa ley -refiriéndose a la de huelga- y otras disposiciones de ese carácter se van a incorporar a la oferta electoral del PSOE".

El responsable socialista explicó que "la idea fundamental que vamos a transmitir es que hay que continuar invirtiendoen este país, de manera que el esfuerzo que ha hecho la sociedad española a lo largo de los ochenta para modernizarse y hacerse una sociedad más cohesionada y equilibrada tiene que continuar en los noventa".

Marugán, que es uno de los ocho miembros del comité de estrategia electoral del PSOE, se refirió también a las declaración recientes del líder del PP, José María Aznar, y dijo que "Aznar lo que ha puesto de relieve en los últimos días ha sido la endeblez de su propia posición personal de candidatode la derecha y la ausencia de argumentos para hacer frente a los problemas de esta sociedad".

La disolución de las cámaras antes de aprobar la Ley de Huelga ha sido duramente criticada por UGT y CCOO, que ayer mismo insistieron en que los partidos políticos que apoyaron el proyecto (PSOE, IU y CDS) deberían incluir este proyecto "tal cual" en sus programas electorales.

En cualquier caso, los sindicatos consideran que el "mal ya está hecho" y temen que aunque el PSOE incluya en su programa la volntad de aprobar la Ley de Huelga, ésta pueda sufrir cambios importantes con respecto a lo acordado entre el Grupo Parlamentario Socialista y UGT y CCOO.