Eguiagaray acusó a los populares de "querer engañar a los ciudadanos" al lanzar esta propuesta "demagógica", sin explicar que sólo sería viable si se privatizara la sanidad y la educación o se recortaran las pensiones.

"No lo explican porque temen que su mero anuncio pueda colocarles en contra a los ciudadanos. Deben tener el valor de decir que esta propuesta es simplemente una amenaza de liquidación de un parte del sector público que cumple funciones esenciales", afirmó Eguiagary.

Durante una rueda de prensa en la que hizo balance de la política de administraciones públicas durante los gobiernos socialistas desde 1982, el ministro restó credibilidad a las reivindicaciones del PP en esta materia y retó al partido que lidera José María Aznar a mantener un debate público, para que los ciudadanos perciban las diferencias que separan a ambas formaciones. "Se enfrentarían el siglo XIX y el XXI", apostilló.

El ministro desglosó las grandes cifras de la gestión socialista en poítica de administraciones públicas y salió al paso de las acusaciones vertidas estos años por la oposición, como la "inflación" experimentada en el número de altos cargos durante la década de gobierno del PSOE.

Entre 1982 y 1993, el número de directores generales ha pasado de 208 a 315 y el de subsecretarios y secretarios generales se ha elevado de 39 a 57. Eguiagaray arguyó que este incremento obedece a "una diversificación de funciones y a la creación de una Administración más compleja que necesita na mayor capacidad de dirección".

No obstante, recordó que el gasto en altos cargos que realiza la Administración central (0,12) es cuatro veces menor que el que destinan las comunidades autónomas (0,15).

También consideró un "lugar común falso" que el número de los funcionarios públicos se haya disparado desde 1982 y aseguró que el personal de la Administración central se ha reducido en 288.000 puestos. Por contra, explicó que el número de funcionarios autonómicos ha pasado de 44.000 a 607.000 e el mismo periodo.

Entre los logros que atribuyó a los gobiernos socialistas, remarcó la pérdida de un 23 por ciento de las competencias de la Administración central en favor de las entidades autonómicas y las corporaciones locales, y el incremento de la presencia femenina en puestos de responsabilidad de la Administración.