Así lo confirmaron a Servimedia fuentes próximas a las negociaciones que mantienen constantemente mandatarios españoles y comunitarios con responsables de Industria de los doce Estados miembros, que han visto como el trabajo realizado en los últimos meses para buscar adhesiones al plande la Corporación de Siderurgia Integral (CSI) se han venido abajo en las últimas dos semanas.

El motivo del retroceso en las negociaciones, según las fuentes consultadas, es doble. Por un lado, el mencionado adelanto de la cita electoral en España, y el continuo rumor comunitario sobre los posibles cambios de Gobierno que ello podría acarrear y, por otro, la creciente necesidad de reestructurar otras siderurgias europeas que fuerza un cambio en las actitudes negociadoras de los ministros de Industriacomunitarios.

En el caso electoral, reconocieron a Servimedia que no dejan de pensar en la posibilidad de que la cita con las urnas del 6 de junio obligue a cambiar a los responsables de Industria por otros con ideas diferentes sobre lo que debe hacerse con la siderurgia española, extremo que facilitaría bastante el recorte de producción que insiistentemente reclama la Comisión y el resto de socios comunitarios para dar "luz verde" a los proyectos de CSI.

Sin embargo, los gobiernos de los "doce" mpiezan a ver con otros ojos el plan español, ya que no descartan la posibilidad de tener que aplicar medidas similares a sus respectivas siderurgias, para lo que se impondría un endurecimiento de las posturas que fuerce a España a aceptar ayudas en otros países similares a las que reclama para sí.

El problema ahora, según las mismas fuentes, está en ver como se reparte el "melón" de los recortes de producción y la destrucción de empleo sobre las directrices que ya tiene marcadas la CE, y que incluye a supresión de 30 millones de toneladas en la capacidad productiva de acero bruto comunitario y otros 19 millones de acero plano, lo que supondría la pérdida de 50.000 empleos.

Las fechas juegan a favor del posible aplazamiento, ya que la CE ha fijado el 30 de setiembre como límite para que los "doce" se pongan de acuerdo sobre lo que hay que hacer con la siderurgia, y si se pospone la decisión del plan español, probablemente acabaría tratandose conjuntamente con los demás proyectos de la Comunidad. El proyecto elaborado por la CSI y el Ministerio de Industria contempla una reducción de capacidad de 900.000 toneladas, además de la destrucción de 10.000 empleos y unas inversiones de 600.000 millones de pesetas para reestructurar las cadenas de fabricación de Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya (AHV), que en la CE se consideran ayudas públicas, por tratarse de un "holding" con mayoría de capital estatal.

Una de las estrategias lanzadas por el Gobierno español para "limar asperezas" en Bruselas esla de hacer que parte de esas inversiones no se consideren ayudas públicas mediante la participación de socios privados en el proyecto de la CSI, motivo por el que los responsables del "holding" mantienen desde hace dos meses conversaciones con industrias del sector nacionales y extranjeras.