Según la asociación, este problema no es nuevo y se repite en cada convocatoria electoral, ya que los ancianos suelen vivir en residencias fuera del municipio dond residían, y los ayuntamientos donde están los centros en los que viven ahora por lo general no aceptan su empadronamiento.

Esta asociación denuncia también la falta de campañas de información y promoción por parte de la Administración sobre el voto por correo, lo que hace que más de 150.000 personas mayores se queden sin poder ejercer sus derechos democráticos, tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas y generales.

A juicio de la AMRTE, "ser mayor y estar incapacitado físicamene no debe suponer en ningún caso la privación de derechos personales, y menos de un derecho democrático tan importante como es el derecho al voto".