La Junta de Personal del Defensor del Pueblo, órganode representación de los trabajadores, planteó el pasado año, con motivo del fin del mandato de Alvaro Gil-Robles, la necesidad de modificar el Reglamento de esta institución, que permite al Defensor cesar a todos los trabajadores, incluido el personal no asesor, como administrativos, auxiliares y personal subalterno.

La junta expresa, en un escrito dirigido al secretario general técnico de la institución y a la que ha tenido acceso Servimedia, su inquietud por los trabajadores, y en especial por aquélos que "no realizan funciones calificadas de confianza o asesoramiento especial".

En la actualidad, en el Defensor del Pueblo, órgano que depende de las Cortes, trabajan 132 personas, de las que 37 son adjuntos, asesores responsables de área y asesores técnicos, y el resto (95) administrativos, auxiliares y subalternos, considerados todos personal eventual de libre designación.

La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece claramente que los asesores cesan automáticamente en el momento de latoma de posesión del nuevo Defensor, pero del resto de los trabajadores sólo señala que son libremente designados por el nuevo titular.

Sin embargo, el Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor indica que los administrativos, auxiliares y subalternos se elegirán "con arreglo a los principios de mérito y capacidad", dando prioridad a funcionarios públicos o, de lo contrario, tendrán el carácter de "funcionarios eventuales", es decir, que son nombrados y cesados libremente por quien tienederecho a hacerlo.

REFORMAR EL REGLAMENTO

La Junta de Personal entiende que la situación laboral del personal de esta institución es única en el conjunto de las instituciones del Estado, ya que todas disponen, al menos, de personal permanente.

La citada junta estima que sería conveniente reformar el Reglamento, para regular de forma "más acorde" la situación y evitar que se produzcan situaciones arbitrarias.

Los representantes de los trabajadores recuerdan el nombramiento de Juan Montserra como Justicia de Aragón, la institución homóloga en la región aragonesa, que cesó a 12 de los 19 empleados nombrados por su antecesor, Emilio Gastón.

La mayoría eran asesores jefes, responsables de área y asesores técnicos, además de dos secretarias. Unicamente siete funcionarios de las Cortes de Aragón se mantuvieron en su trabajo.