En una nota de prensa difundida a primera hora de esta tarde, Rovira expresa "la más profunda preocupación que han producido en esta institución estos hechos tan graves de vandalismo y delincuencia, que en ningún caso puede justificarse". Además, el Defensor en funciones pide al Gobierno que le informe sobre las medidas que se vayan a aplicar para que hechos "tan lamentables no vuelvan a producirse, y garantice, como es su deber, los mismos derechos e intereses legítimos a todos los ciudadanos residentes en el municipio".

"En un Estado de derecho, el imperio de la ley debe regir todos los lugares y vincula a todas las personas. Por lo tanto, hay que aplicar la ley y depurar las responsabilidades, porque si un delito siempre es inacptable y condenable, en mayor medida es aquél que se ampara en el anonimato del grupo y pretende justificarse en motivaciones xenófobas, arcaicas, irracionales, basadas en prejuicios, en formas emocionales y fanáticas", concluye la nota.