Esta recomendación no fue escuchada, ya que el texto aprobado el pasado viernes por el Gobierno limita a un solo compromiso de tres años la estancia de los inmigrantes iberoamericanos en el Ejército y establecer que para renovar contratos deben adquirir la nacionalidad española.

El informe del Ejército de Tierra, con fecha 8 de noviembre de 2001, considera además que "no parece que debera limitarse empleo del extranjero al de soldado", es decir, que aboga por que puedan acceder a otras escalas militares, y añade que si ha de darse alguna exclusión "deberían determinarse las restricciones que se consideren oportunas en cuanto a los destinos que podrían ocupar".

Otra recomendación del Ejército de Tierra era "realizar, si no se hubiera hecho, un estudio previo de cuáles podrían ser las consecuencias de la apertura de las Fuerzas Armadas al personal extranjero. Un informe interno del Mnisterio, difundido por esta agencia, desaconsejaba esta incorporación por problemas de tipo social, de aceptación por parte de los militares y de organización interna del Ejército y por efectos negativos para el reclutamiento de españoles.

De hecho, las recomendaciones del Estado Mayor de Tierra han sido las únicas contempladas en el proyecto final del Gobierno. Según se especifica en el informe del Consejo de Estado requerido sobre la ley, al que ha tenido acceso Servimedia, el ministro Federico Trilo recibió informes de cada uno de los estados mayores de los tres ejércitos y de la Defensa y de los departamentos de Personal, Asesoría Jurídica General y Secretaría General Técnica del Ministerio.

Todos ellos informan favorablemente el anteproyecto o incluyen leves recomendaciones que fueron atendidas, excepto éstas del Ejército de Tierra.

Otra objeción, esta vez hecha por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, proponía la "conveniencia de limitar el ejercicio del dereho de pase a la excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos", algo que, de momento, tampoco se ha aceptado.

El proyecto de ley de modificación de la Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas permite el acceso a militar profesional a "extranjeros de países que mantienen con España especiales y tradicionales vínculos históricos, culturales y lingüísticos", si bien la lista de naciones hispanoamericanas cuyos ciudadanos se podrán beneficiar de esta norma se determinará en un reglament posterior.

Para el ingreso de extranjeros en el Ejército se exigirá "residencia legal en España; carecer de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia; tener 18 años cumplidos; estar en posesión de la titulación exigida; no superar un número máximo de convocatorias; no estar privado de los derechos civiles; acreditar buena conducta ciudadana; y no haber sido separado ni inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas", según el texto de la ley.