De esta forma, los jueces comunitarios han apoyado parcialmente el recurso presentado por España contra una decisión de la Comisión Europea de 2002, en la que sancionaba a nuestro país con dos millones de euros por la gestión de ayudas agrícolas en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha.

El Tribunal anuló la parte de la decisión relativa a la "corrección financiera de las cuentas del organismo pagador de Castilla-La Mancha, correspondiente al importe de las indemnizaciones compensatorias", aunque aún no ha concretado la cantidad en que se reduce esta sanción.

El Estado español presentó ante Bruselas las alegaciones hechas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que consideraban que la multa debería cifrarse en 17.855 euros y no en 1.831.526 euros, como proponía Bruselas.