En declaraciones a Servimedia, explicó que la justicia española inició, tras la inautación de los papeles de la Cooperativa Sokoa, una línea de investigación para tratar de llegar "al corazón económico y financiero de ETA".

Esto ha permitido, "por fin, que la autoridad judicial entienda que existen indicios de criminalidad no sólo por pertenencia a banda armada, sino por alzamiento de bienes", ya que en el entorno etarra también hay "delincuentes de cuello blanco".

En este caso, los detenidos están acusados de intentar "vaciar de contenido patrimonial la empresa editora del dirio `Egin y crear dos sociedades instrumentales", explicó.

El ex ministro de Justicia e Interior valoró también que el poder judicial "sea capaz de realizar una actuación coordinada con el conjunto de poderes del Estado frente a los terroristas", y respondió a quienes cuestionan la libertad de expresión a raiz de esta operación.

"El único límite indudable de la libertad de expresión es el Código Penal y, si hay indicios racionales de comisión de delitos de esas características, la suspensión cautlar de la actividad del periódico está ajustada a la ley y es una medida proporcionada", concluyó.