"Los compromisos establecidos en el laudo hace un año", afirmó, "nos parecían difícilmente compatibles con la situación real de la empresa, y una de las cosas que yo mismo he reprochado a Santana Motor es que no dijera en su momento las dificultades que había, y aceptra un laudo que creaba un espejismo diferente del que exigia la realidad, con aumentos salariales del 5 y el 6 por cien".

Respecto a la posible concesión de ayudas oficiales para salvar la empresa, Eguiagaray señaló que "la posición del Gobierno en ese sentido no puede ser distinta de la de otras crisis en el sector del automóvil".

"Vamos a hacer todo el esfuerzo", añadió, "porque el socio mayoritario y el accionista definan las condiciones para que sea viable la empresa, y trataremos de contribur a ese esfuerzo, pero desde luego lo que no podemos es asumir la gestión o quedarnos con la empresa u otras alternativas como las que alguién ha llegado a plantear que están fuera de toda realidad".

El ministro señaló que su principal objetivo es conocer con detalle los planes del accionista y negó que estas propuestas al Ministerio se hayan realizado ya. "No es cierto, ni siquiera que lo hayan planteado".

Opinó que "los japoneses aún no han dicho la última palabra, ya que no han propuesto alterativas. Simplemente han dicho 'hasta aquí hemos llegado', y que no están dispuestos a seguir 'inyectando' dinero en una empresa no rentable con su estructura actual".

No obstante, sin llegar a mencionar las reducciones de empleo como una de las bazas para reconvertir la empresa y hacerla viable, señaló que "existe un claro problema de rentabilidad, tanto por su producción como por las dimensiones de la plantilla y las pérdidas acumuladas", en respuesta a las posibles salidas.

Lo que sí dejó claroes que no le corresponde al Gobierno decir cuáles son esas alternativas. "Es una decisión", dijo, "que le corresponde al empresario, y no puede ser una decisión, de ninguna manera, de la Administración".