En un comunicado de prensa, Jeces para la Democracia señala que la decisión de cerrar el diario "no ha sido adoptada como consecuencia de la supuesta comisión a través de la sociedad indicada de delitos de terrorismo".

Esa medida, añade, "está expresamente prevista en nuestro ordenamiento jurídico desde que el 24 de mayo de 1996 entró en vigor el actual Código Penal sin que hasta el momento conste que nadie haya cuestionado la legitimidad de su incorporación al ordenamiento penal".

La organización de jueces progresistas recaca que el cierre cautelar de un diario por la comisión de delitos vinculados al terrorismo "nada tiene que ver, en principio, con la libertad de expresión, del mismo modo que el decreto de prisión provisional no supone un ataque al derecho fundamental a la libertad consagrado en el artículo 17 de la Constitución".

Por esa razón, agrega, resultan "lamentables" las declaraciones del presidente del Gobierno, "que traslucen la mentalidad de que la medida en cuestión ha sido obra del poder ejecutivo, en loque supone una flagrante confusión de la división de poderes propias del Estado de Derecho".

"Del mismo modo", concluye, "son repudiables las manifestaciones del ministro del Interior dando a entender que su confianza en los tribunales está condicionada a que éstos le den la razón".