S trata de dos elegidos en las listas de Euskal Herritarrok en las últimas elecciones vascas, José Antonio Echeverría y Pablo Gorostiaga, a los que Garzón imputa la comisión de varios delitos en relación con las trama económica que se encargaba de las finanzas del entorno ETA-KAS.

La comunicación del juez fue remitida ayer al Tribunal Supremo y hoy fue trasladada a la presidencia de la Sala Segunda, que desempeña José Jiménez Villarejo.

Garzón únicamente remitió al Supremo una nota de remisión, juto a la que adjuntó el auto del pasado viernes 20 de noviembre, fecha en la que decidió procesar a 26 personas por su relación con ETA-KAS.

El juez considera que, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente, en el momento en que existen indicios de delito en personas aforadas, la investigación debe trasladarse a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Destaca que la presunta participación de los aforados en los hechos delictivos es "lo suficientemente consistente, según los indicios raionales obrantes en la causa, para acordar su procesamiento".

Garzón apunta que la investigación pudiera continuarse en los tribunales superiores de justicia del País Vasco o de Navarra, dado que se investigan empresas que trabajaban en ambas comunidades autónomas, pero señala también que el entramado tenía ramificaciones en Madrid, por lo que podría ser el Supremo el órgano judicial competente.

Esta opción fue la solicitada en días pasados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que instó a Gazón para que remita toda la causa al Supremo. De momento, el juez sólo pregunta qué debe hacer, sin remitir la causa.