En un auto, del que el juez ha notificado únicamente la parte ejecutiva -dado que las actuaciones son secretas-, Garzón aplica los artículos 127 y 129 del Código Penal relativo a clausura de empresas y sociedades, en el caso de que s demuestre que éstas tengan participación en hechos delictivos.

De hecho, el juez considera que las empresas clausuradas son utilizadas como un elemento delictivo relacionado con el entramado financiero que supuestamente subvenciona a ETA, y por lo tanto, incurren en un delito de integración en banda armada.

Este delito, según otras fuentes, podría devenir para los miembros del Consejo de Administración de Egin detenidos hoy, en dos delitos más concretos: colaboración y pertenencia a banda armada,si bien tendrá que esperarse a los interrogatorios para llegar a esta conclusión.

De acuerdo con lo que actualmente consta en el resgistro general de actividades económicas, la empresa editora decidió en abril de 1997 modificar su composición y nombrar un administrador único, en lugar del antiguo Consejo de Administración. No obstante, algunos de los detenidos son ex miembros de ese organo.

APOYO FISCAL

Por otra parte, según fuentes fiscales, esta operación ha contado en todo momento con el resaldo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que insiste también en el concepto de que estas empresas tienen como sentido el de ser instrumentos delictivos.

Se trataría por lo tanto de la posible conexión entre los delitos económicos cometidos por los responsables de la editora de "Egin" y un delito de colaboración con banda armada.

Las mismas fuentes precisaron que si se ha decidido clausurar el diario "Egin" es porque existen indicios suficientes para esta actuación.