Se trata de una medida más de las que el Gobierno viene tomando desde que en 1996 se empezara a trabajar para prevenir la incidencia del Efecto 2000 en ordenadores, sistemas informáticos y dispositivos automatizados. Como consecuencia de ello desde 1997 se ha venido desarrollando el Programa Euro-2000 de aplicación al conjunto de la Administración General del Estado.

En este sentido, el 12 de junio de 1998 el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo en relación con el Efecto 2000 en el que e establecía un calendario de actuaciones de carácter general, se ordenaban las distintas responsabilidades en la materia, se realizaban encargos específicos a distintos órganos y se creaba una Comisión Nacional con el fin de articular la colaboración entre el sector privado y las Administraciones Públicas.

Con el Real Decreto que hoy se ha aprobado, el Gobierno pone en marcha una Oficina que funcionará entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, centralizará toda la información relativa al efecto 2000, tnto en el sector público como en el privado, y contará con expertos en la materia y con representantes de los comités de emergencia de los ministerios competentes.

REDUCIR EFECTOS

La intención del Ejecutivo es reducir al mínimo los posibles efectos perjudiciales derivados de fallos de ordenadores, sistemas de información y dispositivos automatizados, y en particular los que puedan afectar a la prestación de servicios o de suministros esenciales para los ciudadanos, como consecuencia del cambio de díitos que se producirá en los aparatos informáticos con la llegada del año 2000, ya que muchos microprocesadores lo interpretarán como el año 1900.

Esta Oficina, además de coordinar actuaciones de todas las Administraciones Públicas, recogerá información sobre empresas suministradoras de servicios esenciales, establecerá planes de actuación en colaboración con instituciones, empresas y ciudadanos para solucionar incidentes que se puedan producir y, finalmente, elaborará un informe sobre la forma en quese haya llevado a cabo la transición al año 2000.

Dado que la Oficina funcionará con los recursos que tienen atribuidos los órganos de la Administración General del Estado que participan en la misma, su creación y funcionamiento no supondrá incremento del gasto público ni requerirá la asignación de medios específicos.