Según informó hoy el Ministerio de Sanidad y Consumo, la falta de respuesta o la falsedad en los datos serán consideradas una transgresión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la normativa vigente que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor.

En dicha normativa -real decreto 1945/1983-, se establece que constituye infracción "la negativa o resistencia a suministrar datos, a facilitar la información requerida por las atoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a que se refiere el presente real decreto -que contempla, entre ellas, las relativas a la defensa del consumidor-, así como al suministro de información inexacta o documentación falsa".

Esta actuación del Instituto Nacional del Consumo se realiza en cumplimiento de las funciones que el Consejo de Ministros del 12 de junio de 1998 tribuyó a este instituto en el punto vigésimo del 'Acuerdo sobre medidas en relación con el efecto 2000' y ante la necesidada de informar a los consumidores respecto a las repercusiones que para ellos, y en relación con los productos adquiridos en los últimos años, puede tener este efecto que consiste en que ciertos ordenadores y programas no contemplan fechas posteriores al año 1999 al expresar cada año únicamente con dos dígitos.