El texto, al que tuvo hoy acceso Servimedia, fue aprobado por el pleno del máximo órgano fiscalizador del Estado el pasado 27 de marzo, y ahora tendrá que debatirlo la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En 1997, el Ministerio de Educación gestionaba las competencias educativas de las comunidades de Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, La Rioja, Murcia y las ciudades autnomas de Ceuta y Melilla.

El informe asegura que "el 90 por ciento" de los centros de estas regiones se vio obligado a aprobar su presupuesto con retraso por culpa de la demora de la Administración en comunicarle la asignación presupuestaria de ese ejercicio.

El tribunal también señala que "la mayor parte de los centros" recibieron las partidas con posterioridad al plazo establecido, en el primer semestre debido al retraso de los servicios centrales del Estado en la remisión de los fondos a las drecciones provinciales, y en el segundo semestre por la tardanza de las propias direcciones provinciales en canalizar los pagos.

Según la fiscalización, los retrasos afectaron, sobre todo, a centros de Secundaria, FP y escuelas oficiales de idiomas, y en concreto, al programa de comedores. "Este último carece sistemáticamente de dotación en los Presupuestos Generales del Estado, circunstancia que obliga cada año a la tramitación y posterior aprobación de un expediente de modificación de crédito", india el informe.

RELACIONES "MANUALES"

Respecto a la gestión económica de los centros, el tribunal da un aprobado generalizado a los libros de contabilidad examinados y al cumplimiento de los plazos en la realización de las operaciones. No obstante, avisa de que en algunos centros no se deja constancia de la autorización del gasto cuando el pago se realiza mediante cheque bancario, al considerarse sobreentendida la conformidad con la firma del director.

Otro aspecto del que avisa el informe es el ontrol que hacen las direcciones provinciales de las cuentas rendidas por cada centro. Explica que se hace "mediante relaciones manuales en las que no se registra la fecha de entrada, circunstancia que unida a la ausencia de un registro de entrada en el Servicio de Gestión Económica de cada dirección provincial y a la entrega en mano de algunas cuentas, impide comprobar el cumplimiento del plazo de rendición".

En el estudio, el Tribunal de Cuentas también ha evaluado el grado de satisfacción de los cetros con las asignaciones presupuestarias que reciben. Algo más de la mitad las consideran insuficientes y en su mayoría se quejan de insuficiencia de dotaciones, especialmente de material informático.

Respecto a los efectivos de personal, el 64% de los centros los consideran adecuados, frente al 36% que los juzgan insuficientes. Destaca la demanda de más profesorado de educación compensatoria y de apoyo en los centros de Primaria y de orientadores en los de Secundaria. En el personal no docente, los orcentajes son del 44 y del 56%, respectivamente, y las carencias se encuentran principalmente en personal administrativo y conserjes.