En una rueda de prensa con motivo del comienzo del curso universitario, el responsable de la CRUE dijo que el Parlamento debe sentar las bases, a través de ese acuerdo, para una determinación clara de las fuentes de financiación de las universidades

De ese modo, según los rectores, cada administración sabrá cuáles sus responsabilidades y no se correrá el riesgo de que haya una "indeseada diversidad" entre universidades en función de los ingresos públicos que reciban.

De nuevo este año, la CRUE se sigue quejando de que la universidad española dispone de una financiación insuficiente, y se remite a los estudios comparativos de los países de la OCDE y la Unión Europea, que colocan a España entre los países que menos dedican a enseñanza superio.

La CRUE no quiere hacer una lectura pesimista de la situación, porque considera que la calidad de la universidad española "no hace aguas", en palabras de Saturnino de la Plaza, pero requiere medidas urgentes.

Para paliar los graves problemas pendientes, los rectores reprochan al Gobierno del PP que después de dos años desde que llegó al poder, todavía no tenga "definida" su política en materia universitaria.

Saturnino de la Plaza recordó que en la inauguración oficial del curso pasado la mnistra Esperanza Aguirre ofreció un "pacto por la modernidad" de la universidad, que de momento no ha fraguado en nada. "Desconocemos si la ministra sigue en la línea de ese pacto", afirmó.

REFORMA INOPERANTE

La primera preocupación de los rectores es la modificación pendiente del Título V de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Esta modificación tiene en vilo a 20.000 profesores "asociados". Para pasarlos a permanentes, la CRUE demanda uos 20.000 millones de pesetas.

La CRUE firmó a finales el año pasado un acuerdo que incluía esta cuestión y, como transcurridos seis meses no lo ha aprobado el Congreso, se ha declarado desvinculada de ese acuerdo. Precisamente hoy, la ministra Aguirre dijo en Alcobendas (Madrid) que no entiende que los rectores se hayan desmarcado del acuerdo firmado con el Gobierno, y garantizó que la reforma de la LRU estará lista pronto.

De la Plaza advirtió que si la modificación de la LRU no lleva aparejada la financiación necesaria para los "asociados", la reforma e quedará en "inoperante".

La CRUE sigue reclamando además al Gobierno que le compense por la disminución de ingresos que sufre desde hace tres cursos por la ampliación del concepto de familia numerosa a tres hijos. Esta disminución la cifra en 32.000 millones incluyendo el nuevo curso y hasta ahora sólo ha recibido 7.000 millones vía presupuestos del Estado.

Para superar todos estos problemas de índole económico, los rectores quieren que la universidad sea considerada una cuestión de Estado, y qe en ella se implique toda la sociedad, no sólo la comunidad universitaria.

En esta dirección, Saturnino de la Plaza reiteró el llamamiento de los rectores al Parlamento para que patrocine el estudio sobre la situación de la universidad española que ha comenzado a preparar la CRUE bajo la coordinación del profesor Josep María Bricall.