La proposición no de ley advierte del problema que existe al haber unos incentivos por parte de la Administración central a la investigación de los docentes universitarios, mientras todas las universidades públicas, excepto la UNED, dependen ya de sus respectivas comunidades fruto del proceso de transferencias realizado en 1996.

En 1989, el Gobirno socialista aprobó un real decreto sobre retribuciones del profesorado universitario, que estableció un mecanismo incentivador de la labor investigadora de los docentes mediante la creación de un complemento de productividad.

A ese complemento pueden acceder los profesores, previo estudio por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de la tarea científica que hayan desarrollado.

En el momento actual, con las transferencias hechas, el PSOE subraya que el dictamen e una comisión nacional repercute directamente en la situación presupuestaria de las diferentes comunidades, toda vez que éstas están obligadas a suministrar a las universidades que de ellas dependen los recursos financieros para hacer frente a esos incentivos por productividad.

"Esa situación, que no se produce en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que depende de la Administración General del Estado, debe, sin duda, ser corregida, si se quiere consolidar definitivamente el régimen retibutivo del profesorado universitario", afirma el ex ministro de Educación y diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, firmante de la proposición.

El PSOE pide al Gobierno que corrija estas deficiencias firmando los oportunos acuerdos de financiación con las diferentes comunidades autónomas.