El PP y sus socios parlamentarios tienen previsto presentar su propuesta de reforma en el Congreso en las próximas semanas, y después comenzar a negociarlo en detalle con el resto de grupos de la oposición, principalmente con el PSOE.

Precisamente, los sociaistas se han quejado de que el Gobierno se comprometió hace meses a entregar al Parlamento una reforma consensuada con todos los grupos antes de que terminara diciembre, pero el PSOE todavía no ha recibido ningún borrador, según ha manifestado la portavoz socialista de educación, Clementina Díez de Baldeón.

"Vemos más lógico que primero pactemos un texto con nuestros socios parlamentarios y después hablemos a posteriori con el resto de grupos", explicó Guerra Zunzunegui.

La parte más controvertid de la reforma de la LRU que quiere el Gobierno va encaminada a dar más estabilidad al profesorado universitario asociado, que actualmente ronda los 20.000 contratos. El PP cree que de ese total, 8.000 docentes que trabajan a tiempo completo son la principal preocupación.

La modificación legislativa podría pasa por abrir una nueva vía de acceso a la universidad paralela a la línea funcionarial, mediante la contratación de doctores y no doctores a tiempo completo. Respecto a la financiación de esta refrma, el subsecretario de Educación, Jaime Ignacio González, ha manifestado que le debería corresponder a cada universidad hacerse cargo.

Otros capítulos previstos de la reforma han creado menos problema y el consenso va a ser más fácil entre los grupos, como la mayor "independencia" que se quiere dar a los tribunales de acceso a la carrera docente para eliminar la endogamia de la carrera docente.