La ley establece en su artículo 9 que todos los extranjeros menores de 18 años tendrán derecho a la educación "en las mismas condiciones que los españoles".

La norma precisa que este derecho comprende el acceso a una enseñanza básica, gratita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas.

El ministerio recuerda que, actualmente, cualquier niño extranjero tiene el derecho y el deber de ser escolarizado, esté o no en una situación "ilegal".

La escolarización de los inmigrantes se realiza en los centros públicos o concertados con los mismos requerimientos que los niños españoles, y así se seguirá haciendo a partir de la Ley de Extranjería, según explica el ME.

En función del nivel educativo y del dominio del castellano de cada niño extranjero, los responsables de los centros deciden su incorporación a un centro ordinario o a uno de integración especial, dotado con equipos de orientación y profesores de apoyo.