Mauricio Santos, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Enseñanza (ANELE), y Juan de Isasa, presidente de la Federación del Gremio de Editores (FGEE), explicaron hoy la posición de la indutria editorial con vistas al debate del próximo día 10 en el pleno del Congreso, en el que se decidirá la toma en consideración de la iniciativa de la CEAPA canalizada como proposición de ley.

Los editores aseguran que no están en contra de la gratuidad de los manuales escolares, e incluso son favorables a que el Parlamento abra un debate al respecto y consensúe una norma, si lo cree preciso.

Sin embargo, discrepa por diversas razones de la proposición de ley que ha presentado la CEAPA con el ava de 600.000 firmas ciudadanas. En primer lugar, porque la confederación no dice cómo financiaría el Estado esa gratuidad, si vía impuestos o a través de los Presupuestos.

En segundo término, creen que la iniciativa es de dudosa legalidad, porque prevé que el Parlamento apruebe una norma básica para todo el Estado sobre una cuestión que tendrán que gestionar en breve las comunidades cuando todas tengan las competencias educativas.

Como tercera razón en contra, esgrimen que la CEAPA parece que pidela gratuidad para todos los estudiantes, cuando eso sería "injusto", porque los de familias más pudientes no deben tener derecho a que el Estado les pague los libros.

Un cuarto motivo para rechazar la proposición de la CEAPA es que los niños tengan que recibir los libros prestados de los colegios y luego los deban entregar al final del curso, como en Francia, donde el niño que entrega el manual deteriorado tiene que pagarlo al centro. Igual que en el país vecino, la CEAPA exige además que los libros tngan realmente una duración mínima de cuatro años antes de ser renovados.

Mauricio Santos dijo que esta fórmula de propiedad colectiva es "digna de otra época" y no permite que los niños puedan formar su propia biblioteca desde pequeños.

Además, consideró que el sistema de "préstamo" supone un gasto de registro y mantenimiento del depósito de los libros, así como un riesgo de higiene para los niños, que tienen que manejar en algunos casos libros sucios y muy estropeados, pese a que hayan podido sperar el filtro del centro.

POSICION FULLERA

Con la proposición de la CEAPA, los editores temen también que los profesores pierdan capacidad de elección de los textos y que las comunidades autónomas aprovechen para imponer a los escolares los manuales más afines a sus intereses ideológicos, sobre todo los gobiernos con una adscripción nacionalista más acusada, como auguró Juan de Isasa que puede ocurrir en el País Vasco.

"No estamos en contra de los libros gratuitos, pero sí en contra de fórmuls malas y demagógicas, que suponen en el fondo un ataque a la industria editorial", señaló el presidente de ANELE.

Los editores dicen que ignoran la posición que tienen previsto adoptar en el debate del día 10 los partidos políticos, aunque creen que el Gobierno "no está por la labor" de optar por otra vía que no sea la actual, de potenciar las becas y la desgravación fiscal por libros de texto. Para los editores, el Gobierno de José María Aznar ha dado pruebas con medidas recientes de que es "sensibl" a las demandas de los padres para que se abaraten los libros.

"Creemos que al Ministerio de Educación le asusta fijar una posición fullera en un tema que además no le concierne", indicó Santos.

Los editores dicen que han pedido en vano una reunión con la CEAPA para negociar sobre este asunto. El presidente de ANELE acusó al máximo responsable de CEAPA, Carlos Ladrón de Guevara, de ser "poco sensible con cosas que no le dan publicidad".

No obstante, Juan de Isasa recordó que la otra gran cofederación de padres, la católica CONCAPA, no suscribe las tesis de CEAPA sobre los libros de texto.