"Sigue sin aprobarse una nueva norma reguladora, largamente reclamada por esta institución, que mejore la seguridad del transporte de menores y que adecue este servicio a las necesidades del sistema educativo actual", señala el informe.

Las asociaciones de padres de alumnos y la oposición parlamentaria han reclamado con insistencia al Gobierno que cambie el reglamento atual, con el fin de reforzar los mecanismos de seguridad en el desplazamiento que realiza cada día miles de niños desde su domicilio hasta el colegio.

Por ejemplo, piden que viaje en el autocar un acompañante siempre que vayan niños menores, que se acabe con la práctica de colocar a tres escolares en dos asientos, y señales lumninosas específicas en los autobuses. También reclaman que se rebaje el tiempo de vida máximo autorizado para el uso de estos vehículos.

Estas demandas han chocado con la oposición de la patronal del transporte, que ha presionado con fuerza al Ministerio de Fomnto, según ha declarado a Servimedia Carlos Ladrón de Guevara, presidente de la confederación laica de padres, CEAPA.

Amparo Valcarce, diputada del PSOE, se felicitó hoy de que el Defensor del Pueblo aperciba al Gobierno en un asunto "de tanta importancia como la seguridad del transporte escolar", de cuya regulación, a su juicio, sólo se acuerda el Gobierno cuando hay accidentes.

ADMISION DE ALUMNOS

En su último informe, el Defensor del Pueblo asegura que un gran número de quejas sobre educació que ha recibido en 1998 se refieren a la falta de plazas públicas en Infantil en barrios con un intenso desarrollo urbanístico. También dice que muchas protestas se deben a la insuficiencia de plazas en enseñanzas de régimen especial, particularmente música e idiomas.

Alvarez de Miranda afirma que las autoridades educativas tampoco han resuelto una deficiencia que el Defensor ya denunció en informes anteriores, referida al régimen de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos. El Defensor sostiene que es imprescindible una regulación "que impida el falseamiento de los datos de domicilio familiar para aprovechar las ventajas que su proximidad genera en cuanto a la elección de centro".

También aboga por la articulación de un mecanismo que posibilite la toma en consideración de la segunda y sucesivas opciones solicitadas por el alumno cuando no resulta posible escolarizarle en el centro elegido en primera opción.

En relación con niveles educativos universitarios, el iforme menciona quejas por los problemas de admisión a alumnos discapacidad y la falta de ayudas a familias numerosas.

Respecto a los primeros, el Defensor pide a las administraciones una interpretación "generosa y extensiva" de las previsiones de gratuidad que se contienen en la Ley de Integración Social de los Minusválidos. "De la investigación realizada se desprende que en la práctica totalidad de las universidades públicas, las personas afectadas no gozan de este beneficio".

Los retrasos en lahomologación de títulos extranjeros de enseñanza superior, sobre todo en el trámite de emisión de informe por parte del Consejo de Universidades, es otro problema que el Defensor cree que sigue sin resolverse en el terreno de la educación.