Representantes de las 18 entidades firmantes se reunirán mañana para hacer balance de las negociaciones mantenidas en este tiempo con el Gobierno y los grupos palamentarios, con el fin de sacar adelante el "pacto por la educación" defendido en el maifiesto.

El pasado 27 de agosto, una delegación de los firmantes mantuvo una reunión con la ministra Esperanza Aguirre, en la que ambas partes constataron de nuevo sus diferencias sobre el dinero que consideran necesario para la enseñanza en los próximos años en España.

Mientras el Gobierno está dispuesto a garantizar unos 286.000 millones en gasto público educativo para los próximos cuatro años, los firmantes de la declaración piden 500.000 millones, según informó a Servimedia Néstor Ferrera, prsidente de la patronal Educación y Gestión (EyG) y de la comisión negociadora con el Gobierno.

El responsable de la Fundación Encuentro, José María Martín Patino, considera el mes de diciembre como la fecha límite para poner en marcha el pacto educativo, ya que para esa fecha estarán cerrados los próximos presupuestos del Estado y ultimado el proceso de transferencias a las comunidades.

La declaración pide que se considere la educación como una gran prioridad nacional. Aboga por un plan de financación de cinco años que culmine en un gasto público en educación del 6 por ciento del PIB, equiparable al de los países de la Unión Europea que otorgan una mayor prioridad a la enseñanza.

El manifiesto reclama el diseño de un nuevo marco de incentivos profesionales y retributivos para el profesorado, un traspaso de competencias a las comunidades con criterios de calidad y la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años evitando cualquier tipo de segregación de alumnos.