Esta autorización administrativa, la tercera que concede el Gobierno del PP desde que llegó a la Moncloa, es consecuencia de la LRU (Ley de Reforma Universitaria), que el Ejecutivo quiere reformar precisamente para acabar con la precaridad de los 22.000 profesores que están contratados actualmente en la enseñanza superior española.

El decreto no comportará gasto adicional y sólo supone dar el visto bueno a las universidades para que renueven a un máximo de 8.000 profesores a los que se les ha terminado el contrato y que prestan una actividad docente muy similar a la de los titulares funcionarios.

El PP iniciará contactos en los próximos días con los grupos parlamentarios para intentar consensuar una reforma de la LRU y llevar u texto pactado al Congreso antes de que termine en diciembre el actual periodo de sesiones.