Esta mañana, la presidenta de CECE, Isabel Bazo, junto a dos de sus compañeros en la Junta Directiva de la organización, fueron recibidos en la sede del ministerio por el director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte (que no pudo quedarse hasta el final del encuentro) y el asesor de la Secretaría General de Educación, Enrique Roca.

Acabada la reunión, Roca puntualizó a los periodistas congregados que esta nueva asignatura que introduce la Ley Orgánica de Educación (LOE) se ocupará de la "dimensión personal del individuo que se socializa", pero que CECE no tiene que estar preocupada por la posibilidad de que "entre en colisión con el ámbito de la familia".

Roca hizo hincapié en que, con Educación para la Ciudadanía,"pretendemos algo muy parecido a lo que se plantea en otros países de nuestro entorno", donde ya están funcionando asignaturas que forman a los alumnos en ciudadanía.

Además, recalcó que, en estas reuniones con organizaciones educativas que, desde el pasado martes, están teniendo lugar en el ministerio, "no se está negociando" la asignatura, ya que "no se trata de negociar, como en una propuesta legal, sino de contrastar opiniones" con expertos en Educación.

En este argumento fundamentó que no se hayan programado reuniones con asociaciones de padres que, según ironizó, normalmente tampoco deciden en qué curso estudiarán sus hijos álgebra o el Imperio Romano. No obstante, Roca insistió en que el ministerio recibirá a cualquier organización que así lo solicite, y recordó que Concapa y Ceapa no han pedido reunirse con ellos.

La reunión de esta mañana fue calificada de "cordial" por ambas partes. Tras la presentación del borrador ministerial, CECE tiene ahora, como el resto de las organizaciones, una semana o 10 días para hacer saber al ministerio sus puntualizaciones y aportaciones. Posteriormente, Educación remitirá un segundo borrador a todas las organizaciones, y se convocarán una o varias reuniones bilaterales con ellas, en función del caso que el ministerio les haya hecho al elaborar este segundo texto.

Por su parte, Isabel Bazo explicó que ha pedido al departamento que dirige Mercedes Cabrera ejemplos concretos de cómo va a aplicarse y a desarrollarse la asignatura en las aulas.

En su opinión, esta va a ser una asignatura muy difícil de evaluar, puesto que tiene gran carga "utópica e ideológica". En este sentido, Bazo apuntó que "nos han dejado caer" que el examen por el que se evaluará esta materia será "una especie de test".

Además, Bazo insistió en que el contenido de esta materia podría ser absorbido por otras áreas o asignaturas que se imparten actualmente.

Por otro lado, los portavoces de CECE Mariano del Castillo y Valeriano Aldonza se refirieron a las dificualtades prácticas de evaluar las "competencias" de los alumnos en Educación para la Ciudadanía", tal y como establece el borrador, y no sólo sus "conocimientos". En su opinión, el término "competencias" significa "saber hacer", es decir, aplicar a la práctica. Algo que, según manifestaron, puede ser controvertido cuando la asignatura defienda plantamientos que no compartan totalmente las familias de algunos alumnos.

De hecho, CECE sólo acepta que la materia se circunscriba a conocimientos sobre la legislación vigente, la Constitución Española y la delaración de los Derechos Humanos.

Finalmente, los representantes de CECE estuvieron satisfechos con la idea del ministerio de que, en los colegios privados, sea el propio director del centro el que decida qué profesor impartirá la Educación para la Ciudadanía. Una medida que "nos parece bien" porque da autonomía a los centros, pero que consideraron de difícil viabilidad cuando, en ocasiones, la elección del director no pueda llevarse a cabo por decisión de la Inspección de Educación.