Según informó hoy a Servimedia una fuente de la eléctrica española, se trata de una "exigencia de información", por la que EDF tendrá que dejar claro cuáles son sus planes sobre Iberdrola.

El juzgado ordena "el cese provisional inmediato por EDF en la realización de declaraciones ambiguas y en la difusión de informaciones contradictorias en relación con la adquisición del negocio de Iberdrola".

Asimismo, ordena que, en el plazo de cinco días, EDF comunique en los diarios "El País", "El Mundo", "Expansión", "Financial Times" y "Wall Street Journal" si ha iniciado, está efectuando o prepara la citada operación sobre la eléctrica vasca.

EDF también tendrá que pronunciarse sobre si su intención es "el desmembramiento o reparto de los activos de Iberdrola y/o de las sociedades de su grupo" y si ha adquirido o tiene intención de adquirir una participación superior al 3% en el capital de Iberdrola, "por sí o de forma concertada con otros".

El juzgado también solicita a la eléctrica gala la inmediata notificación del auto a la CNMV y a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El auto ha sido remitido por el juzgado a EDF, mediante su remisión al órgano judicial designado por la República de Francia.

Frente al auto "no cabe recurso, sin perjuicio de que EDF pueda oponerse dentro de los 20 días hábiles" desde su notificación.

COMPETENCIA DESLEAL

El argumento de Iberdrola para solicitar medidas cautelares se basa en la consideración de que EDF incurre en un acto de competencia desleal (según el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal) y, en particular, en un acto de obstaculización desleal, "con grave perturbación y daño para el normal desarrollo de la actividad de Iberdrola, para su imagen y para su reputación en los mercados en los que opera".

La decisión del juzgado evidencia, según la citada fuente, que "la ambigüedad y confusión generada por la desinformación e información contradictoria sobre el acceso al control del capital de Iberdrola por EDF obstaculiza la operativa" de la eléctrica española.

En el auto dictado, el juzgado entiende que si esta situación persevera hasta la resolución judicial definitiva de la demanda que formule Iberdrola, se mantendrá esta situación desleal, con lo que los perjuicios ocasionados serán irreversibles.

La eléctrica de Ignacio Sánchez Galán busca "defender los derechos y los intereses de los accionistas minoritarios de la compañía, que se verían seriamente perjudicados en caso de que la eléctrica estatal francesa lograra el control de Iberdrola mediante una toma de una participación limitada, sola o en concierto con terceros".