Según informó hoy a Servimedia una fuente de Iberdrola, EDF insiste en que las medidas cautelares de urgencia que el juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha interpuesto contra la eléctrica francesa no están fundadas, por lo que pretende sustituirla, en el peor de los casos, por una caución de 200.000 euros. Una cantidad que Iberdrola considera "ridícula".

A esto se suma la pretensión de EDF de que Iberdrola pague una caución más alta en concepto de trámites por haber solicitado medidas cautelares. La caución exigida a Iberdrola es de 12.000 euros, cifra que la empresa francesa considera "claramente insuficiente".

El argumento que esgrimió EDF es que el eventual cumplimiento de las medidas cautelares "no produciría otro efecto que un encarecimiento" de la opa sobre Iberdrola, en el caso de que decidiera lanzarla (punto que no aclaró).

En el transcurso de la vista, Iberdrola defendió que la estrategia de "ambigüedad calculada" de EDF en cuanto a su interés por entrar en el mercado español, "omitiendo los términos concretos de dicho interés", solo consigue "perjudicar a la compañía".

Además, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán defendió que el Estado francés está permitiendo "un asalto" de EDF a la eléctrica española.

El juzgado de Bilbao se pronunciará sobre este caso "en breve", probablemente, a principios de la semana que viene.

ANTECEDENTES

El pasado 25 de marzo, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao dictó un auto por el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola. Se trata de una "exigencia de información", por la que EDF tendrá que dejar claro cuáles son sus planes sobre Iberdrola y si piensa lanzar una opa sobre la eléctrica española.

Días después, EDF recurrió esta decisión basándose en que un tribunal español no tiene competencias sobre una compañía francesa.

El juez de Bilbao entiende que España es tanto el lugar donde se ha producido el hecho causal de los daños (donde se promociona la "estrategia" indirecta o se toleran simplemente determinadas noticias a lo largo de "un lapso inmoderado de tiempo"), como el lugar en donde se verifican los daños (con independencia de que éstos se extiendan a otras jurisdicciones).

De ahí que un juzgado español tenga competencias y no se vaya a remitir el caso a la justicia francesa.

Asimismo, el juez recuerda que cabe dictar órdenes de ejecución forzosa contra EDF en España, con independencia del trámite que sea necesario seguir para su ejecutividad en Francia, e insta a la compañía gala a cumplir las medidas cautelares. Por su parte, el Ministerio Fiscal se ha pronunciado a favor de la competencia del juzgado.

De mantener cada parte su posición, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será quien, previsiblemente, tendrá que decidir si un juzgado español tiene competencia para obligar a la francesa EDF a informar sobre sus intenciones en la eléctrica Iberdrola, según informó a Servimedia una fuente del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco.