Este certificado de penales es uno de los requisitos que los empresarios deberán presentar, junto con la firma de un contrato laboral, para regularizar a los inmigrantes irregulares que ya tiene empleados. Este proceso comenzará el próximo 7 de febrero.

Con este acuerdo, los miles de ecuatorianos que aguardaban horas en las afueras del consulado de su país en España ya no necesitarán de la actuación consular en este documento, como tampoco del pago de cincuenta euros por su sello, indicó la asociación.

Para este proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador se encargará de legalizar la firma de las autoridades ecuatorianas en las delegaciones y en las instituciones de España.

"Creemos que el trabajo dialogado, coordinado y efectivo entre los agentes sociales y las autoridades gubernamentales ha servido para conseguir que miles de ecuatorianos dejen de pasar hambre, frío y sigan siendo presa de las mafias", subrayó Raúl Jiménez, portavoz de Rumiñahui.

Sin embargo, Jiménez aclaró que "hay mucho por hacer en los diferentes aspectos de los derechos sociales de los inmigrantes y sus familias", y anunció que Rumiñahui, junto con ONG de derechos humanos, ha presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) una demanda alEstado ecuatoriano "por los atropellos que sufren los inmigrantes".

Según esta asociación, entre estos atropellos destaca "la creciente corrupción" y "la ausencia total de una política de protección de los migrantes en el exterior".