En un comunicado, los economistas destacaron entre las mejoras incorporadas la bajada de los límites del nuevo procedimiento de microempresas, pues con los dos millones de euros de volumen de negocio que figuraban inicialmente en el proyecto, el 90% de las empresas que entran en concurso hubiera tenido que acogerse a esta fórmula, afectando gravemente a la seguridad jurídica y económica, y quedando el deudor totalmente desprotegido.

También destacaron la extensión de la exoneración del crédito público –que en principio se había fijado en una cuantía testimonial de 1.000 euros para Hacienda y Seguridad Social–, que ahora se ha visto ampliada hasta 10.000 euros para cada entidad.

Otra mejora es la clarificación de la figura del experto en reestructuración, que en el proyecto de ley estaba indefinida y que ahora recae en el administrador concursal o en persona natural o jurídica con conocimientos jurídicos, financieros y empresariales, así como con experiencia en materia de restructuraciones.

La norma fue aprobada en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados celebrado el jueves para que su entrada en vigor pueda llevarse cabo en septiembre, a los 20 días de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien el procedimiento de microempresas no entrará en vigor hasta 2023.

El objetivo de estos plazos es intentar reducir el aluvión de concursos de acreedores previsto tras el final de la moratoria concursal, que finalizó el 30 de junio, disponiendo de un plazo de dos meses para solicitarlo.

Los economistas se mostraron razonablemente satisfechos con los cambios que se han introducido durante la tramitación parlamentaria y que “ha mejorado notablemente el texto inicial”.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, destacó que la reforma impulsará los planes de reestructuración, “con el consiguiente desarrollo de la fase preconcursal, para tratar de evitar así el mayor número posible de liquidaciones, máxime en el contexto en el que ahora nos encontramos”.

Pich valoró que de las 38 propuestas de enmiendas presentadas por los economistas en el Congreso, “el texto final ha recogido, total o parcialmente, 14 de ellas, lo que supone un 37%, lo que evidencia la buena disposición que ha habido a la hora de escuchar a los profesionales del sector”.

También destacó que se haya permitido a quienes desarrollan la actividad de la administración concursal –economistas, titulados mercantiles, auditores y abogados– quedar excluidos, de forma excepcional, de la realización de la prueba de aptitud profesional que se va a exigir a partir de ahora –siempre que acrediten una experiencia previa, que se determinará reglamentariamente–, evitando así que se produzca un vacío hasta que se convoque dicho examen de aptitud.

Con respecto al desarrollo reglamentario de la ley –que deberá estar aprobado antes de seis meses desde la entrada en vigor–, los economistas se pusieron a disposición de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital para colaborar en la definición de aspectos técnicos.

Por otra parte, los economistas han elaborado un análisis de la tendencia de los concursos de acreedores del segundo trimestre, a partir de los últimos datos publicados por Registradores de 2022 y 2021 y por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020 y 2019, que permite comparar concursos de acreedores de años postcovid y precovid.

De esta comparativa se desprende que las insolvencias que más han crecido de 2019 a 2022 han sido las de autónomos, que casi se multiplican por siete de 2019, y las de personas físicas, que se duplican, debido a la segunda oportunidad. Por su parte los concursos de empresas se incrementan un 10% en dicho período.