Así lo sostuvieron en un coloquio organizado por el CGE el vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, Jordi Alberich, y el director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia y director del Máster de Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la UCM, Juan de la Cruz.

Para Jordi Alberich, “estamos hablando de una nueva política industrial activa en un entorno abierto y globalizado que, lejos de viejas medidas proteccionistas, favorezca el desarrollo de la industria nacional en general y, en concreto, garantice el suministro de bienes esenciales y el control de determinados sectores de importancia estratégica". En este contexto, considera que la legislación es un elemento clave, "pero no el único instrumento al servicio del fin antes señalado.”

Para Juan de la Cruz, “nos encontramos con un modelo de regulación anacrónico, que solamente persigue fines defensivos de protección de las empresas estratégicas y las circunstancias que nos encontramos nos presentan un nuevo escenario completamente distinto tanto para la industria europea como nacional".

“El desarrollo de los tejidos industriales es esencial para que Europa mantenga la solidez de dos de sus pilares esenciales: la competitividad económica y la cohesión social. No podemos limitarnos a defender nuestras industrias estratégicas, es imprescindible que fortalezcamos nuestras capacidades industriales y, para ello, habría que definir en qué industrias tenemos ventajas comparativas claras””, añadió.

Por otro lado, pese a pensar que los criterios para determinar el catálogo de sectores sujetos a autorización para su entrada en España están bien tasados, consideran necesario definir en qué industrias tiene España ventajas comparativas claras, como han hecho en Francia con la industria nuclear o en Italia, con la automovilística.

Asimismo, consideran que, a la hora de permitir, o no, la entrada de capital extranjero, deberían regir ciertas reglas de reciprocidad, pero valorando también si la inversión puede favorecer el crecimiento económico y si su veto pudiera frenar futuras inversiones.

En cuanto a la compra de acciones de Telefónica por parte del grupo saudí STC, estos expertos consideran que habrían de tenerse en cuenta las credenciales de Arabia Saudí a la hora de autorizar o denegar dicha compra, pero situando la operación en el contexto de la política exterior y haciendo un balance de costes y beneficios.

Por último, incidieron en la necesaria apuesta por la seguridad jurídica, mediante el establecimiento de unas reglas claras de juego, para atraer inversiones extranjeras.