El Libro Blanco para la reforma del sistema de defensa de la competencia se rige por varios principios: la seguridad jurídica de los operadores económicos a lo largo de todo el procedimiento; la independencia, ya que las decisiones deben estar basadas en criterios objetivos, ajenos a intereses políticos o privados; la transparencia y responsabilidad ante la sociedad; la eficacia administrativa, y la coherencia del sistema.

Para ello, el Libro Blanco consta de cinco grandes capítulos: sistema institucional, lucha contra las prácticas restrictivas, control de concentraciones, ayudas públicas y proyección social de la defensa de la competencia.

Las alegaciones recibidas en Economía provienen de sectores empresariales, compañías, comunidades autónomas y despachos de abogados, entre otros agentes.

Las principales novedades del Libro Blanco son la propuesta de creación de una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en la que se integrarían los actuales Tribunal de Defensa de la Competencia y Servicio de Defensa de la Competencia.

DECISIONES FIRMES

Además, en el Libro Blanco se exploran vías para agilizar la revisión de las decisiones administrativas por los jueces para lograr una decisión firme en el menor tiempo posible, incluyendo la posibilidad de que sólo exista un recurso en instancia única para determinadas decisiones. También se propone la aplicación directa de la normativa nacional de competencia por los jueces de lo mercantil.

El Libro Blanco plantea la introducción de mecanismos de "clemencia", es decir, de reducción de las sanciones para aquellas empresas que proporcionen información sobre la existencia de un cártel o documentación que facilite su investigación y sanción.

También se propone un refuerzo de los instrumentos para que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analice y evalúe los efectos de la concesión de ayudas públicas, así como para que tenga un papel importante en la promoción de la defensa de la competencia en las actuaciones del propio sector público mediante la elaboración de informes y la propia impugnación de actos o normas que afecten a la competencia.

Tras el periodo de información pública, el Libro Blanco servirá de base para redactar el anteproyecto de ley de la reforma del sistema de defensa de la competencia, que el Gobierno prevé enviar al Parlamento antes de que finalice este año.