Prades formula esta observación en un trabajo titulado "Ejes de una política económica a medio plazo", incluido en el último Libro Marón del Círculo de Empresarios, que recoge la opinión de treinta y tres economistas sobre las perspectivas de la economía española en los años noventa. El libro fue presentado a los medios de comunicación ayer por la noche.

El director general de Coyuntura considera que, a cambio de la moderación salarial, los empresarios deberían ofrecer "distintas contrapartidas, asegurando avances de la inversión, del empleo y de determinadas prestaciones de servicios, que compensen adecuadamente la contribución quesupone el esfuerzo de moderación salarial por parte de los trabajadores".

A juicio de Prades, no cabe duda que la moderación de los beneficios es un elemento igualmente necesario para reducir la inflación, pero en una economía de mercado no debe lograrse mediante un control directo de precios, para evitar distorsiones en la asignación de los recursos productivos.

En consecuencia, las dos vías más adecuadas para conseguirlo son las actuaciones administrativas para "erradicar las competencias de tite monopolístico" y un pacto social en el que los trabajadores se comprometan a garantizar la moderación salarial y los empresarios la inversión y el empleo.

En su opinión, "la concertación y el reparto equitativo de costes y beneficios que se deriven de una política económica adecuada resultan a todas luces preferibles a una confrontación basada en la defensa a ultranza de los intereses propiois de determinados colectivos".

En el caso concreto de los salarios, el director general de Previsión hae hincapié en que su crecimiento no puede rebasar los avances de la productividad, restricción que considera "perfectamente compatible con un aumento del poder adquisitivo".

A su juicio, las retribuciones de los trabajadores tienen que reflejar la evolución de la competitividad de la economía española, creciendo más cuando ésta mejore y ajustándose a la baja cuando empeore.

Con ese fin, entiende que los aumentos salariales "deberían fijarse en función del deflactor del PIB en lugar del IPC, ya qu mientras el primero incorpora los efectos de una alteración de la relación real de intercambio, el segundo hace caso omiso de sus efectos directos".

POLITICA MONETARIA

Para Prades, la política monetaria a aplicar en los próximos años está íntimamente relacionada con la política de rentas, ya que la cada vez mayor integración monetaria europea hará imposible ajustar los precios con modificaciones en el tipo de cambio.

El control de los tipos de interés o las restricciones cuantitativas al crédio pierden su razón de ser "y su capacidad de acción en un contexto de libertad de circulación de capitales y de libre competencia por parte de las instituciones financieras en el seno del área comunitaria".

En este nuevo entorno, asegura Prades, "las políticas cambiaria y monetaria nacionales quedarán prácticamente reducidas a su participación, a nivel comunitario, en el diseño y gestión de una financiación no inflacionista del crecimiento económico y de la estrategia de las relaciones de cambio con píses terceros".