La masa salarial global aumentará un 9,49 por ciento y su importe total ascenderá a 25.025.000 millones e pesetas, superando por primera vez en términos absolutos a los beneficios. El año 90, los salarios ya crecieron más que los beneficios, un 12,5 frente a un 10,8 por cien.

Por otra parte, los expertos del Ministerio de Economía prevén que los salarios contribuirán más que los beneficios a la inflación generada en 1991, que será del 5,9 por cien medida por el deflactor del PIB, un indicador que no coincide exactamente con el Indice de Precios al Consumo, al incluir la evolución de todos los precios. Concretamente, los salarios aportarán 2,9 puntos a la inflación, 2,3 los beneficios y 0,7 los impuestos indirectos. En 1990, el deflactor del PIB fue del 7,3 por cien, de los que 3,8 puntos correspondieron a los salarios, 3,2 a los beneficios y 0,3 a los impuestos indirectos.

SALARIOS AL 6 POR CIEN

Para el Ministerio de Economía, el aumento salarial en convenio compatible con el objetivo oficial de inflación es del 6 por cien, lo que permitiría una ganancia real de poder adquisitivo del 0,5 por cen por asalariado.

A su vez, este incremento salarial haría posible un aumento de la productividad del 1,4 por cien (tres décimas más que en el 90), un aumento del empleo del 1,5 por cien y un crecimiento del PIB del 2,9 por cien.

En su análisis, los expertos de Economía no descartan que las recomendaciones salariales sean superadas "con cierta amplitud". A su juicio, el resultado sería un aumento mayor de la inflación y una menor creación de empleo "sin que, al mismo tiempo, se obtuvieran avance de los salarios reales mucho más elevados que los que se deducen del escenario básico comentado".

El informe subraya que los objetivos establecidos por el Gobierno son ambiciosos pero "posibles". En su opinión, "permiten compaginar un nuevo avance de la capacidad adquisitiva de los salarios con un freno a la expansión de los costes laborales reales, necesarios ambos para sostener el crecimiento de la actividad y del empleo".

El cumplimiento de estas previsiones "es necesario si se quiere evitar ue se prolongue en el tiempo una pérdida de competitividad de la economía española que la alejaría peligrosamente de las ventajas derivadas de la unión económica a la que se encamina la CE".

Además, añade el informe, "haría igualmente muy difícil el mantener un flujo suficiente de inversión extranjera que contribuyera, como en los años recientes, a la renovación y ampliación del stock de capital del país".