La patronal considera que el "parón" en los pagos obedece al deseo de Hacienda de moderar en lo posible el déficit del Estado en 1991, qu va a doblar al final del ejercicio el primer objetivo fijado oficialmente, de 500.000 millones de pesetas.

A juicio de la patronal, esta política es contraria a las manifestaciones repetidamente efectuada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, en el sentido de que daría prioridad al pago de las deudas sobre el inicio de nuevas obras.

Las deudas de la Administración con las constructoras se situaban a finales del pasado mes de setiembre entre 650.000 y 700.000 millones de esetas, situación que la patronal Seopan considera insostenible para muchas empresas.

Por esa razón, sus directivos están negociando con la Administración una reforma de la Ley de Contratos del Estado que acorte el tiempo de pago y permita a las constructoras abandonar las obras en caso de impago reiterado.

También consideran que las constructoras deberían percibir intereses de mora en los casos en que los pagos de las obras se realicen fuera de los plazos establecidos, a fin de evitar que estas eudas se utilicen para "cuadrar" los presupuestos del Estado en momentos delicados para el déficit.

Seopan entiende que el atraso en el pago de las deudas puede resultar especialmente grave para las empresas del sector a la hora de afrontar un ejercicio como el de 1992, en el que prevé una caída de la producción de entre un 1 y un 2 por cien respecto a 1991.