Recordó que las sociedades mercantiles tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde que éstas son aprobadas. De no ser así, advirtió que se puede proceder al cierre registral y a la imposición de sanciones de hasta 50 millones de pesetas.

Gómez Ciria destacó que 100.000 peseas es menos de la mitad de la sanción mínima que se puede imponer en estos casos, por lo que opinó que es una buena ocasión para que las empresas cumplan con su obligación. "Nuestro deseo es que cumplan con la obligación de difundir la información relativa a sus cuentas", aseguró.

"Esta obligación, establecida desde 1990, hasta ahora no se había ejecutado salvo en casos muy concretos. Las sociedades deben saber que si no cumplen, la Administración tiene la obligación de sancionarlas porque está en coniciones de hacerlo, y lo va a hacer", dijo.

El presidente del ICAC añadió que hay "un porcentaje muy elevado" de sociedades que no comunican esta información al Registro Mercantil, si bien precisó que gran parte de las entidades inscritas casi no tienen actividad económica o incluso han cerrado. Reconoció que "difícilmente" pueden cumplir este requisito las empresas con muy escasos movimientos.

Opinó que el alto grado de incumplimiento también puede deberse a desconocimiento de las sociedades merantiles, puesto que estas medidas hasta ahora no se han llegado a aplicar en la práctica.

Esta obligación está recogida tanto en la Ley de Sociedades Anónimas como en la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. La normativa atribuye al ICAC competencias sancionadoras en caso de incumplimiento de esta obligación.

Gómez Ciria explicó que el objetivo de este requisito es que haya transparencia en las transacciones mercantiles y que todas las sociedades dispongan de información sobre la stuación de las demás, para tratar de ganar el beneficio de los mercados.