Solchaga, que intervino en la Comisión de Economía para explicar la actuación del Gobierno respecto a KIO desde que este grupo inversor llegó a España, aprovechó la ocasión para revelar toda la información que contenían los discos informáticos robados de s ministerio el viernes pasado, achacó a las leyes de la CE que los controles no fueran mayores y explicó que Javier de la Rosa nunca fue considerado un interlocutor válido por el Gobierno.

En su intervención, dijo que hasta 1990 el Gobierno no estimó necesario realizar más controles que los habituales, un impreso de verificación, para dar "luz verde" a las inversiones de KIO en el al entender que eran buenas y fiables, y explicó que fue a partir de 1990, con el cambio de legislación comunitaria, cuand se les exigía una declaración en las que siempre señalaron que eran inversores privados de Kuwait quienes estaban detrás de las aportaciones de Koolmees y Kookmeeuw.

Solchaga señaló que es ahora cuando los responsables de Torras han reconocido el pleno control del Estado kuwaití en la inversión de KIO, lo que ha motivado el expediente informativo con el que se pretende averiguar si hubo falsedad de documentos públicos.

LAS CIFRAS

El responsable de Economía cifró en 410.000 millones de pesetas a inversión neta realizada por KIO en España desde 1986, año en el que comenzó a tomar participaciones significativas en varios grupos industriales nacionales. Esta cifra es el resultado de unas aportaciones de capital de 471.704 millones de pesetas y unas desinversiones de 61.189 millones de pesetas.

El desglose realizado por el ministro revela que KIO metió en el Grupo Torras un total de 417.175 millones de pesetas, de los que 249.999 llegaron en forma de inversiones directas de sus dos sociedades hlandesas -Koolmees y Kookmeeuw- y 159.537 millones mediante préstamos a sus empresas en España, además de 7.637 millones desembolsados como inversiones en bolsa.

Por lo que respecta a Prima Inmobiliaria, empresa propietaria de Urbanor y de las Torres de la Plaza Castilla, en Madrid, las inversiones realizadas ascienden a 36.115 millones de pesetas. mientras que el dinero destinado a suscribir el 49 por cien de Cartera Central, sociedad suscrita al 51 por cien por Grucicsa y al 49 por cien de Torras, ypresidida por el ex ministro Miguel Boyer, sumó 18.414 millones de pesetas.

De todo este dinero traído a España por KIO, Solchaga explicó que se desinvirtieron un total de 61.189 millones de pesetas, de los que 9.867 se retiraron del país mediante liquidaciones de inversiones a las tenedoras holandesas de las acciones de Torras y otros 30.151 millones fueron recobrados por Koolmees al vender el 49 por cien de Cartera Central.

A esas cantidades se suman otros 20.890 millones de pesetas abonados a oolmees y Kookmeeuw por repartos de dividendos, de los que 14.509 millones procedían del grupo Torras, 1.611 de Prima Inmobiliaria y 4.770 millones más de Cartera Central.

¿CUANTO PUSO EL ESTADO?

Otro capítulo aclarado por Solchaga es lo que le han costado al Estado las inversiones de KIO en España, al haber aportado grandes sumas de dinero en concepto de ayudas, subvenciones, créditos y avales de entidades financieras públicas y benficios fiscales por fusiones y absorciones.

Según el ministro,el Estado destinó a Torras en torno a los 62.000 millones de pesetas, de los que en torno a los 56.000 fueron para el sector de fertilizantes y el resto para las demás empresas del grupo.

Pero la partida por la que los responsables de Torras tuvieron mayores beneficios fue el de los incentivos fiscales por fusiones y absorciones, en total unos 43.000 millones de pesetas que llegó a autorizar el Ministerio de Economía y hacienda, aunque la celeridad con la que se vendieron parte de las sociedades fusioadas o las perdidas en las que siguen muchas de ellas sólo permitió disfrutar menos del 50 por cien.

... Y LA OPOSICION

Por su parte, todos los grupos de la oposición parlamentaria coincidieron en destacar las responsabilidades del Gobierno en la crisis del grupo Torras-KIO.

La intervención más dura de todas la protagonizó el portavoz del partido Popular, Francisco Alvarez Cascos, quién dijo que la intervención de Solchaga dejaba más clara que nunca la necesidad de que se abra una comisión de ivestigación parlamentaria para depurar responsabilidades.

Alvarez Cascos señaló que el Gobierno no ha dicho todo lo que sabe sobre lo que denominó "escándalo KIO" y denunció que el Ministerio de Economía siempre ha tenido a "amigos del poder" en puestos claves de las operaciones más significativas realizadas por los kuwaitíes en España, al tiempo que citó los ejemplos de Miguel Boyer, en Cartera Central; Javier Vega de Seoane, en Ercros, y Manuel Guasch en Ebro Agrícolas.

Por su parte, el portavo de Izquierda Unida, Ramón Espasa, llegó a poner al ministro "contra las cuerdas" cuando le cortó reiteradamente para exigirle el nombre de la persona que, en representación de Torras, había reconocido que estaban totalmente controlados por el Estado de Kuwait.

Espasa calificó, incluso, de contradictorias las palabras del ministro al asegurar que el Gobierno no tenía constancia legal de que las inversiones de KIO fueran de caracter estatal, y enviara a su secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez,a negociar con el Gobierno kuwaití una solución a la crisis del grupo Torras.