La Junta irectiva de dicha asociación, que reúne a los mayoristas de pescado en los mercas (los mercados centrales de las grandes ciudades), tomó el acuerdo de bloquear la distribución a los hipermercados y otros establecimientos en un acuerdo adoptado el 28 de mayo de 1994.

Ese acuerdo establecía que "todo el pescado transportado desde los puertos de origen con destino a las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza deberá ser recepcionado y descargado en los mercas de las provincas indicadas y consignado exclusivamente a nombre de los mayoristas titulares de puestos en el merca de destino".

Meses después, la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Valencia adoptó un acuerdo similar, que imposibilitó la descarga en Mercavalencia de un camión que llevaba pescado consignado para varios mayoristas, en represalia porque también transportaba mercancía para dos grandes superficies.

El mismo caso ocurrió con un camión de la Cooperativa de Exportadores de Pescado (COESE) al que, tras descargar en Mercamadrid en un almacén de un hipermercado, se le prohibió dar salida al resto de su mercancía en otros puestos del mercado que le habían contratado, hasta las 10 de la mañana, hora en la que ya ha acabado la comercialización del día.

El Tribunal de Defensa de la Competencia, atendiendo una denuncia de la Federación Nacional de Mayoristas Exportadores e Importadores de Pescados y Mariscos, considera que se ha cometido una infracción grave a las normas de la libre competecia.

"En definitiva, se trata de obligar a la comercialización del pescado en las seis provincias que se señalan en el acuerdo, que son además las que concentran mayor número de habitantes del país, a través de mayoristas titulares de puestos en los mercas, excluyendo a otros competidores", indica la resolución.

Rechaza además las alegaciones presentadas por la asociación y su Junta Directiva, que justificaban las limitaciones acordadas para impedir que el pescado llegue tarde a los mercas (ya qu previamente el camión podría ir parando por los puestos minoristas) y porque los hipermercados cuentan ya con su propio sistema de transporte.

Por tanto, impone una multa de 25 millones de pesetas a la asociación y de 500.000 pesetas para cada miembro de su Junta Directiva: Carlos Salvador Sánchez, José Crespo Ochoa, Juan Gómez March, Juan Francisco García Rodríguez, Eduardo Usón Lacal, José Maldonado Mata, José María Morillo Castro y Benjamín Crespo Andrés.