A juicio de los ecologistas, las obras aprobadas por el ministerio producirán un gran daño ecológico a su paso por el Monte de El Pardo, uno de los parajes naturales más ricos de la región madrileña, tanto en flora como en fauna.

Ambas organizaciones y otras asociaciones ciudadanas y ecologistas que se oponen a la construcción de esta autovía han convocado para el próximo 5 de octubre la segunda acampada contra las obras de cierre de la M-40 por la zona norte.

Según Aedenat, ya hn confirmado su asistencia a la acampada grupos de Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, así como José Luis Sampedro, escritor y miembros de la Real Academia Española.

El recurso de súplica de Aedenat y la Coda ha sido presentado ante la misma sala del Supremo que archivó las diligencias de la querella interpuesta en abril de este año por la Asociación de Vecinos de Pozuelo y por las dos organizaciones ecologistas. Esta asociación vecinal también ha recurrido el archivo.

Segú los conservacionistas, tanto las obras de construcción como la posterior puesta en servicio de la autovía alterarán gravemente el hábitat de numerosas especies de animales protegidos a lo largo de los 2.200 metros que "arrasarán" el Monte de El Pardo.

A su juicio, el "efecto barrera" durante las obras y los ruidos ahuyentarán a la variada fauna "de uno de los espacios naturales mejor conservados del área mediterránea". Además, las obras removerán más de 400.000 metros cúbicos de tierra y supondrán ladestrucción de unas 9.000 encinas.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Aedenat y la Coda fundamentan la querella en que además de ocasionar contaminación, tanto acústica como atmosférica, que supondrá un gravísimo daño al medio ambiente, "se han producido infracciones en numerosas normas administrativas de protección ambiental comunitarias y estatales".

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella por considerar que el tipo penal de "delito ecológico" no es compatible con una actuación de la Aministración pública, según los ecologistas.

Sin embargo, la Coda y Aedenat estiman que la actuación de las autoridades políticas puede causar daños al medio ambiente, y cuando este daño sea grave deben estar sometidas a la misma responsabilidad criminal que cualquiera de los ciudadanos.

"En este caso concreto", indicó Aedenat en un comunicado, "la decisión del Ministerio de Obras Públicas de construir la M-40 por el Monte de El Pardo produce un grave impacto ambiental y comete numerosas infraccines en disposiciones administrativas, por lo que el responsable último de tal decisión (el ministro) ha de ser procesado por un presunto delito ecológico".

FALTA DE SENSIBILIDAD

Por su parte, fuentes de la Asociación de Vecinos de Pozuelo de Alarcón afectados por la M-40 indicaron que el auto judicial de archivo "deja entrever una absoluta falta de sensibilidad por los derechos ambientales de los ciudadanos, cuando aún no se han apagado las exigencias del fiscal general del Estado en la apertura delcurso judicial de un mayor rigor en el enjuiciamiento de los delitos ecológicos".

La asociación destaca también "el aparente desencuentro de sensibilidades existentes entre el sentir social y la aplicación del derecho por parte de los tribunales, que como en este caso dejan de lado derechos constitucionales de las personas, provocando una real indefensión de las personas que intentan obtener el medio ambiente que el artículo 45 de la Constitución promete".

Además de haber recurrido el archivo de a querella, la Asociación de Vecinos de Pozuelo ha solicitado al abogado Carlos Carrasco-Muñoz de Vera que prepare una demanda contra el Reino de España ante el Tribunal Europeo, "por conculcación de los derechos humanos a la integridad física y a la efectividad de la defensa de los derechos de los ciudadanos mediante un procedimiento rápido".