Lo hicieron a través de un documento firmado por las 15 entidades medioambientales entre las que se encontraban Ecologistas en Acción, Organització per a la protecció de la naturalesa (GEN-GOB), Greenpeace, Save the Med, SEO/BirdLife, Vell Marí y WWF, presentado a la vicepresidenta tercera y ministra, Teresa Ribera; a la directora general de Biodiversidad, María Jesús Rodríguez de Sancho; y al subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, Fernando Magdaleno.

En la reunión, los ecologistas incidieron en la "urgencia" de que España cumpla con los acuerdos internacionales de protección del medio ambiente en los que se establece la necesidad de alcanzar un 30% de los mares bajo protección y gestión eficaces, además de garantizar que el 10% del mar quede "bajo protección estricta, libre de actividades antrópicas que puedan comprometer su salud ambiental".

A su vez, recalcaron la importancia de que el Ministerio elabore planes de gestión ambiciosos y participativos y que destine “los recursos necesarios para su implementación de modo que esta protección sea real y efectiva”, designar nuevas formas protegidas y asignar los recursos necesarios para identificar nuevos enclaves de biodiversidad adicionales más allá del 30 por ciento, si fuera oportuno.

El documento también detalla acciones para la restauración de ecosistemas y la recuperación de especies vulnerables. Entre los objetivos propuestos se encuentran el desarrollo, publicación e implementación de los planes de recuperación de especies vulnerables o en peligro de extinción, como el angelote, la nacra, la pardela balear o la tortuga boba.

Los ecologistas afirmaron que algunos de estos planes están en proceso de tramitación, "lo que demuestra el compromiso activo" de todas las partes interesadas en la conservación de la biodiversidad marina. También avisaron que esta protección "solo será efectiva" si cuenta con los recursos necesarios para garantizar una gestión "adecuada" a estos espacios.

Entre otras medidas, el acuerdo propone actuaciones para minimizar el impacto de las capturas accidentales en artes de pesca, la pesca de arrastre y la pesca fantasma; adoptar medidas para reducir el ruido submarino producido por el tráfico marino y otras actividades civiles y militares; así como tomar medidas eficaces que eviten la muerte de las ballenas y otras especies de fauna marina por culpa de las colisiones con barcos o mejorar la calidad de las aguas costeras, persiguiendo el vertido cero y mejorando los sistemas de saneamiento.

Por último, la propuesta insiste en apostar por una gobernanza participativa para la designación, elaboración, puesta en marcha y evaluación de los planes de gestión de los espacios marinos protegidos como base metodológica para alcanzar los objetivos de protección y conservación.