La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y tres secretarias de Estado -Sara Agaesen, de Energía; Xiana Margarida Méndez, de Comercio, y Ángeles Moreno, de Asuntos Exteriores y Globales- han recibido la misiva, según informaron este miércoles las entidades ambientales.

Ello coincide con el inicio de la última ronda de negociaciones para modernizar el TCE y la filtración de un documento que revela que España, Alemania, Países Bajos y Polonia tienen serias dudas sobre la viabilidad de este proceso y piden a la Comisión Europea que evalúe cómo podría iniciarse una salida coordinada del Tratado, algo que los ecologistas celebran como "paso imprescindible" en la descarbonización económica.

El TCE, firmado por España en 1994 "a espaldas de la ciudadanía y sin participación y debate público" junto a otros 52 países de Europa y Asia, es "un acuerdo internacional para el sector de la energía que se ha vuelto en contra de la soberanía de los Estados y la lucha contra el cambio climático, además de convertirse en una fuente inagotable de demandas millonarias contra los Estados".

El Tratado incide en la protección de las inversiones en el sector energético, especialmente las relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas. “A día de hoy la infraestructura fósil protegida por el TCE en Europa asciende a 344.600 millones de euros”, advierten las organizaciones.

Su piedra angular, el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), permite a inversores y multinacionales energéticas demandar a los Estados ante tribunales privados y reclamar compensaciones millonarias por prácticamente cualquier medida que perjudique sus intereses económicos, algo que ha dado lugar a 142 demandas conocidas, muchas de ellas por el desarrollo de planes para la descarbonización por parte de los países.

En 2020 se inició un proceso para modernizar el TCE, pero después de dos años y a un mes para que terminen las negociaciones para reformar el texto, las cinco organizaciones ecologistas insistieron en que "es hora de abandonar el Tratado, dado que toda la información disponible indica que poco se ha conseguido en relación con los puntos más críticos".

SIN DOCUMENTOS “SIGNIFICATIVOS”

Por un lado, los cinco grupos ambientales alertaron de que alinear el TCE con el Acuerdo de París requiere "la finalización inmediata de la protección de las inversiones en combustibles fósiles en todos los países signatarios, algo que no está sobre la mesa de negociación y que además requeriría el voto unánime". La propuesta más ambiciosa hasta la fecha, de la Comisión Europea, propone mantener la protección de las inversiones fósiles hasta mediados de la década de 2030 para las inversiones existentes y hasta 2040 para las nuevas inversiones en infraestructuras de gas.

Además, destacaron que el mecanismo ISDS no se ha incluido en la agenda de modernización del TCE y permanece intacto, lo que "choca directamente con el ordenamiento jurídico de la UE" y se traduce en que "los países seguirán recibiendo demandas multimillonarias por impulsar cambios en su política energética", como ha ocurrido a Países Bajos tras la aprobación de una ley para eliminar el carbón en 2030.

Además, las cinco organizaciones ecologistas denunciaron que las 12 rondas de negociación celebradas se han desarrollado sin transparencia y escrutinio público. "No hay documentos significativos disponibles sobre las negociaciones en curso y las opciones actuales que se están considerando para eliminar la protección de los combustibles fósiles", afirmaron.

La retirada de España del TCE es una de las 10 propuestas que recientemente presentaron al Gobierno las cinco organizaciones ecologistas para hacer frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica en el contexto de crisis derivada de la guerra en Ucrania.