La proposición de ley que el pasado 8 de junio presentó CiU ante la Cámara Baja plantea que las nomas de protección costera queden supeditadas a lo establecido en la normativa urbanística.

Los ecologistas aseguran que, si prospera la iniciativa parlamentaria, el futuro del litoral español quedaría en manos de los ayuntamientos costeros, al desaparecer las restricciones que actualmente impiden las construcciones n la franja costera.

Además, desaparecería la protección que la Ley de Costas otorga a las playas y zonas de servidumbre y tránsito, favoreciendo la aparición de movimientos especulativos en estas áreas.

Greenpeace se ha dirigido en dos ocasiones a CiU para solicitar la retirada de la propuesta, ya que la organización ecologista cree que la normativa urbanística se debe ajustar a la Ley de Costas, y no al revés.